Sin una legislación secundaria instrumentada y encaminada debidamente, la reforma en materia de telecomunicaciones sería letra muerta, advirtió el diputado Federico José González Luna Bueno.

Al participar en la inauguración del foro "Retos de la nueva legislación secundaria de telecomunicaciones y radiodifusión", afirmó que México "acusa retrasos importantes y es a partir de esta reforma constitucional que deben resolverse".

El presidente de la Comisión de Radio y Televisión mencionó que la reforma constitucional, publicada el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, significa un cambio de gran profundidad en torno al marco jurídico en la materia.

Dicho marco se orienta a la promoción de la competencia, se compromete a incrementar y promover el acceso del mayor número de personas a las nuevas tecnologías de la información, a los servicios de telecomunicaciones y a la radiodifusión.

Sobre el tema, el diputado Eligio Cuitláhuac González Farías aseveró que la Cámara de Diputados se ocupará de fortalecer los derechos vinculados a la libertad de expresión, información y establecimiento del derecho a las tecnologías de la información y comunicación.

El secretario de la Comisión de Comunicaciones coincidió con González Luna Bueno en que el foro servirá como herramienta para la reglamentación secundaria de al menos ocho leyes que se reformarán en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

A su vez, José Antonio García Herrera, consejero de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec), pidió a los legisladores coordinación con esta industria, para no perder el objetivo de mejores precios, calidad y competencia.

Durante su participación, urgió a admitir la inversión privada que garantice no sólo recursos económicos, sino tecnológicos, y que aliente la obligación de compartir redes troncales, así como regular al sector para que no existan preferencias.

Ante la falta de un programa para acceder a la radio digital, exhortó a crear un plan que identifique plazos y costos, así como reglas claras en la licitación de frecuencias radiofónicas para impulsar una verdadera competencia.

Las leyes secundarias en telecomunicaciones, afirmó, darán certidumbre a los inversionistas, por lo que "es fundamental tener las reglas del juego lo más rápido posible para identificar los nichos de competencia".

García Herrera se pronunció también por el respeto al derecho de autor, al calificarlo como fundamental para estimular la creatividad e innovación.

En representación de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), Eduardo Ruiz Vega, opinó que deberá emitirse una ley secundaria convergente, que una a las leyes Federal de Radio y Televisión, de 1960 y la de Telecomunicaciones, de 1995.

Pidió además que la CIRT participe en la definición de los nuevos usos del espectro, en lo público y social, y conocer la manera en la que se impulsará la digitalización de las redes de televisión y radiodifusión sonora.

En tanto, del Congreso Nacional de Comunicación Indígena, Melquiades Rosas Blanco consideró necesario garantizar el espectro para cualquier esquema de telecomunicación, así como mecanismos de fomento para medios en esas comunidades.

De igual forma, dijo, solicitamos la participación en el órgano regulador, con el propósito de lograr un mejor ejercicio de nuestros derechos culturales y el pleno ejercicio de la comunicación.

Al respecto, Ángel Guillermo Martínez, miembro de la Asociación Mexicana de Internet (Amipci), sostuvo que el impulso a este medio digital tendrá repercusiones en el desarrollo social y la competitividad empresarial.

Entre las propuestas de la Amipci destacan la eliminación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las telecomunicaciones, y tasa cero del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a dispositivos electrónicos como tabletas o teléfonos inteligentes.

También sugirieron el desarrollo de la infraestructura para expandir la "ciber red", y homologar los requisitos y trámites para instalar sistemas de distribución de Internet a nivel federal, estatal y municipal.

En su intervención, el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Agustín Ramírez Ramírez, recordó que "no se ha encontrado la fórmula para reglamentar el derecho a la información", debido a la presión de los consorcios mediáticos.

Los contenidos en televisión abierta avasallan cualquier posibilidad para que el ser humano pueda tener un desarrollo intelectual, acusó.

Ante esto, calificó a la reforma en telecomunicaciones como un triunfo de la sociedad civil, ya que de ésta ha venido, en las tres últimas décadas, el impulso por un cambio normativo para garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.

Francisco González Garza, de la asociación A Favor de lo Mejor, hizo hincapié en que una instancia vigile los contenidos en televisión, y fije sanciones, para proteger la integridad de los niños, como sucede en países como España, Francia e Inglaterra.

Refirió que de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los infantes pasan en promedio más de mil 569 horas al año frente al televisor.

Estas atribuciones, indicó, deben ser dadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), que también establecería y supervisaría los códigos éticos de la programación, emprendería "campañas de alfabetización mediática".

Asimismo, el Ifetel clasificaría adecuadamente los contenidos, y establecería mecanismos de escucha a los ciudadanos, para atender quejas respecto a la programación, entre otros aspectos, añadió.

En tanto, Scott Robinson, miembro de Al Consumidor A.C., subrayó que en la negociación de las leyes secundarias en el ramo "el interés del público está en juego", y por ello se tiene que poner énfasis en el acceso a la información y la protección de datos personales.

Planteó la creación de un programa permanente para que el Ifetel pueda desarrollar e investigar nuevas tecnologías de comunicación, en conjunto con la iniciativa privada, asociaciones civiles y la comunidad académica.

Sugirió que el mismo organismo lleve a cabo investigaciones de mercado para evaluar el desempeño de estos y encontrar nuevas oportunidades en el área de telecomunicaciones.

En el mismo sentido, Pablo Bello, consultor del gobierno de Chile y de la Asociación Iberoamericana de Centros de Investigación y Empresas de Telecomunicaciones, destacó que México requiere mayor acceso a la banda ancha.

Advirtió que también se necesita generar una inversión de ocho mil 500 millones de dólares al año para alcanzar a los países desarrollados.

En América Latina, abundó, se necesitan 44 mil millones de dólares al año en inversión sectorial, esto es, para el caso de México, un incremento de más de seis por ciento anual, por lo que la reforma en la materia contribuirá de manera significativa.

Es indispensable que en la discusión de la ley secundaria se considere la generación de competencia a nivel nacional de redes en distintas capacidades de cobertura, calidad, introducción de nuevos servicios, tecnologías y precios, enfatizó.

Al respecto, Ernesto Piedras Feria, director general de The Competitive Intelligence Unit (The CIU), recomendó fomentar una "regulación asimétrica" que incluya infraestructura, tarifas accesibles, balance de cobertura y el compartir información.

"Sólo así se superará el rezago, pues hemos sido incompetentes para generar competencia", aseguró el doctor en Economía, quien además recordó que aún existen 68 millones de mexicanos que están desconectados de Internet, excluidos de los beneficios de esa red.

Explicó que la OCDE cuantifica una merma de 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país por la falta de inserción de la población a los avances digitales.

"Significa que se tiene una desventaja para aprovechar oportunidades potenciales de desarrollo", que urge revertir, sobre todo porque el 90 por ciento del intercambio comercial de México se realiza con naciones miembros de la OCDE, aseveró. ys/m.