Las normas en materia de geolocalización de teléfonos celulares, cuya validez legal avaló la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), son “endebles” y podrían prestarse por parte de abusos del Ministerio Público, alertó la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Adriana Dávila.

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, agregó que el Congreso y la sociedad deberán estar muy atentos ante la aplicación de la medida, puesto que “es muy delgada”, la línea que divide la facultad de ubicar a través de los teléfonos a grupos de delincuentes, y la violación del derecho a la privacidad de los ciudadanos con la intervención de sus comunicaciones.

Indicó que las modificaciones al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, avaladas por los ministros del máximo tribunal, no dan plena garantía de que la información obtenida a través de la localización de teléfonos y revisión de llamadas, será utilizada con responsabilidad por las autoridades federales y locales.

“Por ejemplo, las autoridades locales utilizan ese tipo de mecanismos para obtener información y manipularla a su conveniencia en tiempos electorales. Lamentablemente se ha visto un abuso de instrumentos en ese tipo de localización y que se pueden confundir o mezclar con otro tipo de asuntos e intereses particulares”, indicó.

La congresista añadió que a su consideración, hay un riesgo latente, de que las autoridades que tendrán la facultad de solicitar a las compañías telefónicas la ubicación geográfica en tiempo real de aparatos telefónicos, ejerzan de modo inadecuado sus funciones y violen el derecho a la privacidad del usuario. ys/m.