El coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles, señaló que no debe haber motivo de disputa entre las fuerzas legislativas en la discusión y aprobación de las leyes secundarias de las reformas estructurales.

Agregó que por el contrario, debe haber apertura, diálogo y un proceso pulcro que permita hacer de esos ordenamientos una herramienta eficaz para el ejercicio de las reformas.

Aureoles Conejo consideró que lo más conveniente es no ejercer mayorías mecánicas, sino escuchar a todos los involucrados en los temas relacionados de esas leyes.

La prioridad del Congreso de la Unión es sacar adelante la aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, energética, así como sobre los temas contenidos en la reforma político-electoral.

El análisis y la aprobación de esos ordenamientos deben estar perfectamente sujetos a las necesidades que tiene el país, destacó el diputado perredista.

Llamó a las demás fuerzas parlamentarias a cuidar el proceso de aprobación de esas leyes y evitar que se "legisle al vapor" o que "ganen las prisas", como ocurrió con la reforma energética, en la que -dijo- algunos congresos locales tardaron 10 minutos para aprobarla, y aseveró que el PRD será responsable y propositivo.

Advirtió que los legisladores de su bancada estarán muy pendientes de que en las leyes secundarias no se pongan contenidos que hagan más claro y evidente que la riqueza petrolera quede en manos de unas cuantas empresas privadas.

"Ahí es donde vamos a dar la batalla. Nosotros tuvimos una postura ya clara: no estamos de acuerdo con la reforma constitucional, y no por terquedad, sino porque dimos elementos suficientes para ello. Y ahora en las leyes secundarias lo mismo, daremos la batalla", dijo el presidente de la JUCOPO.

Comentó que su fracción legislativa está lista para llevar a cabo su reunión plenaria los días 28, 29 y 30 de enero, a fin de acordar su postura para el próximo periodo de sesiones.

El PRD impulsará temas prioritarios de discusión, el derecho al agua y a la alimentación, reformas contenidas en el Artículo Cuarto Constitucional, del cual sólo restarían las leyes reglamentarias, y una ley que tiene que ver con la protección de los derechos de las niñas y los niños./arm/m