La Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de San Lázaro aprobó un dictamen por el que se reforman diversos artículos y adiciona un capítulo a la Ley General de Asentamientos Humanos, para prevenir riesgos en zonas expuestas a fenómenos naturales.

Detalló que en el país hay 22 millones de personas que viven expuestas a fenómenos hidrometeorológicos como ciclones, lluvias extremas e inundaciones, tormentas de nieve, granizo, polvo y descargas eléctricas, y que un alto porcentaje de ellas subsisten en condiciones de muy alta marginación.

El documento establece que con esas disposiciones se garantizará la seguridad y la protección civil de los habitantes, previniendo los riesgos naturales y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos; también se podrá reubicar a la población que vive en zonas de alto riesgo.

Considera, además, la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de la población y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.

Por esa razón, autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de los planes de desarrollo urbano.

Subraya el texto que casi ocho millones de personas están expuestas a los efectos adversos de huracanes, unos seis millones a lluvias intensas y más de ocho millones pueden sufrir directamente daños por sequías, aunado a que aproximadamente 80 por ciento de esa población vive bajo condiciones de alta y muy alta marginación.

Según el Programa Especial de Cambio Climático de México, el país es uno de los más vulnerables del mundo, debido a que 15 por ciento de su territorio, 68.2 por ciento de su población y 71 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) están altamente expuestos al riesgo de impactos directos y adversos del cambio climático.

En particular, unos 20 millones de personas habitan en áreas susceptibles al efecto de huracanes.

La iniciativa propuesta por la diputada del Partido Revolucionario Institucional, Celia Isabel Gauna Ruiz de León, destaca que la mayor parte de la población en condiciones de alto riesgo vive en las ciudades, y que se espera que para 2030 la población urbana sume unos 95 millones de habitantes, 76 por ciento del total nacional.

Agregó que en las ciudades se generan prácticamente todas las innovaciones y se produce más de tres cuartas partes del PIB, sin embargo, 74 centros de población están expuestos a riegos por los fenómenos naturales.

El documento precisa que los fenómenos hidrometeorológicos Manuel e Ingrid, ocurridos los pasados 15 y 16 de septiembre, afectaron las costas del Pacífico y del Golfo de México, y dejaron secuelas en 18 estados del país.

Hubo más de 150 personas muertas, más de 250 mil mexicanos afectados directamente, y más de 35 mil viviendas dañadas, además de equipamiento e infraestructura destruidos.

El dictamen establece que todas las personas físicas y morales, en el ejercicio de sus derechos, podrán exigir, mediante denuncia del caso, el cumplimiento de las disposiciones jurídicas establecidas en la Ley General de Asentamientos Humanos para que se apliquen las medidas de seguridad y las sanciones procedentes.

Ese derecho se ejercerá ante las autoridades competentes, quienes oirán previamente a los interesados y, en su caso, a los afectados, y deberán resolver lo conducente en un término no mayor de 30 días naturales, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente.

El dictamen agrega un nuevo capítulo a la ley en mención, denominado "Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos".

Dicho capítulo precisa que las autoridades, antes de otorgar licencias relativas a usos del suelo, edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de Prevención de Riesgo que identifique las medidas de mitigación aplicables.

Para tal efecto, dichos estudios contendrán las especificaciones, los responsables técnicos, los requisitos y alcances que determine el acuerdo que publique la Secretaría de Gobernación en coordinación con las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. ys/m.