A fin de proteger los derechos de los menores afectados directa o indirectamente por el virus del sida, el legislador Ricardo Mejía Berdeja, dio a conocer que impulsa una iniciativa de reformas al artículo 16 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Explicó que con la propuesta se busca prohibir cualquier distinción, que los infantes sean excluidos restricción por alguna condición de salud

Hizo notar que a nivel mundial 35.3 millones de personas viven con el VIH, el cual causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, de los cuales 2.1 millones son niños o adolescentes de entre 10 y 19 años de edad.

A septiembre de 2013, indicó, en México había 170 mil personas de todas las edades con dicho padecimiento, “y se asume que los jóvenes son particularmente vulnerables a la enfermedad en cuanto a su transmisión e impacto; en la infancia tiene un efecto devastador, más allá del problema de salud pública que representa”.

El vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, reconoció que los niños y adolescentes no constituyen un grupo mayoritario y directamente afectado por la epidemia, pero sí se traduce en un factor de vulnerabilidad en función de las situaciones de riesgo a que se enfrentan.

“Problemas como la orfandad o que se conviertan en cuidadores de familiares enfermos, provocan que no tengan la atención adecuada de los adultos y sean vulnerables frente a la discriminación, la explotación o la vida en la calle y, por lo tanto, que se afecte su derecho a educación, alimentación adecuada, salud y vivienda, entre otras, además de que tienen más riesgo de infectarse”, detalló.

Aclaró que muchos niños que no son portadores del VIH sufren las consecuencias de la pandemia, debido a la pérdida de familiares y la desestructuración económica y social que causa, y aun con los avances en el diagnóstico precoz o la prevención de la transmisión de madres a hijos, quedan muchas barreras por derribar, como la desprotección de los niños que quedaron huérfanos por esta causa.

A ello, dijo, se suma la discriminación que sufren los menores que sí son portadores por las autoridades educativas, maestros que se niegan hacerse cargo de un grupo, directores que se rehúsan a inscribirlos y padres de familia que retiran a sus hijos de la escuela o presionan para que no se matricule a un niño con VIH.

Resaltó que “los educadores tienen un rol clave en respuesta a la epidemia, promoviendo actitudes y prácticas para la convivencia de niños y niñas afectados por el VIH, desde el afecto, respeto y alegría, superado el temor y la discriminación”.

Aseguró que expulsarlos de las escuelas o negar el servicio educativo por la condición de salud es una práctica común.

Reconoció que hay un importante rezago para erradicar la discriminación y violación de derechos humanos, a pesar de que se han implementado medidas para prevenir, atender y dar seguimiento a casos.

Por ello se pronunció por combatir la ignorancia y la desinformación respecto a la enfermedad, para evitar prácticas discriminatorias y violatorias a los derechos de los menores; realizar campañas pedagógicas de información dirigidas a niñas, niños y adolescentes para difundir el respeto a los derechos de quienes viven con VIH/SIDA e informar las formas de prevención e instruir a padres de familia, docentes y alumnos./arm/m