El vicecoordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, sentenció que el Gobierno Federal quiere anular los avances de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, al plantear leyes secundarias que tienen como fin, restar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y beneficiar a los llamados “poderes fácticos”, entre otros propósitos.

Al aseverar que el Ejecutivo Federal pretende dar marcha atrás a lo plasmado en la Constitución, el legislador advirtió que sería incongruente aprobar leyes que no respeten la reforma constitucional.

Tras recordar que los cambios señalados fueron la expresión del acuerdo entre la mayoría de las fuerzas políticas, con el propósito de acotar a los “poderes fácticos” y ponerles límites legales, el diputado Alonso Raya catalogó como inaceptables los planteamientos de la Presidencia.

“Sería una total incongruencia aprobar leyes secundarias en telecomunicaciones que no se apegaran y no interpretaran correctamente la reforma constitucional”, dijo.

Indicó que al debilitar al IFT, quitándole facultades que se propone traspasar a las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes, se busca invalidar lo establecido en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución y los puntos transitorios de la normatividad.

El legislador del Sol Azteca enfatizó que con fundamento en la reforma constitucional, fue que el IFT tomó las decisiones sobre la retransmisión de señales de televisión abierta en sistemas de paga, proceso identificado como “must carry y most offer”, así como las determinaciones sobre los actores preponderantes.

Por ende, “las leyes secundarias deben interpretar con fidelidad y sin pretender anular en la práctica cosas que ya se aprobaron en la Constitución para efectos de que puedan ayudar a que los servicios de telefonía y telecomunicaciones sean más baratos para la población y que ésta tenga una oferta mucho más amplia con los canales que se licitan y con el canal público que se tiene que hacer funcionar”, demandó. En suma, “la del Ejecutivo es una propuesta que pretende distorsionar y en gran parte anular los contenidos que se lograron plasmar en la Constitución”, lamentó. ys/m.