Diputados panistas impulsan una iniciativa de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar la desaparición, que sumó cuatro mil casos el año pasado, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El documento cita que el Estado tiene obligación de proteger a las personas del ilícito de desaparición forzada, sea perpetrado por particulares o agentes estatales, porque representa además una grave violación a los derechos humanos.

La diputada Raquel Jiménez Cerrillo señaló en un comunicado, que así se expuso ante representantes de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al participar en la mesa de análisis y discusión de la iniciativa de ley general, que impulsa junto con el también legislador panista José Alfredo Botello Montes.

Recordó que la iniciativa está en estudio en la Comisión de Seguridad Pública, para dictamen, y en la de Derechos Humanos, para su opinión.

La legisladora por Querétaro consideró que la falta de investigación inmediata y seria puede considerarse una omisión o tolerancia por parte de la autoridad hacia estos casos.

Como una de las consecuencias más graves de la desaparición mencionó que la persona queda imposibilitada para ejercer sus derechos, y la comisión del acto afecta a la persona violentada, a sus familiares y a la sociedad en su conjunto.

Su complejidad, y los compromisos internacionales obligan a que “tanto los Estados como la comunidad mundial cuenten con mecanismos para prevenir y, en su caso, sancionar y reparar la desaparición forzada”, de ahí la necesidad de adoptar medidas a nivel legislativo, administrativo y judicial.

Esto implica “la emisión de normas penales y el establecimiento de un sistema de justicia para prevenir, suprimir y castigar la participación de agentes e individuos en actos de desaparición involuntaria, y para investigarlos efectivamente”.

La propuesta busca tipificar el delito de desaparición de personas; inhibir y no tolerar bajo ninguna circunstancia su práctica; sancionar a autores, cómplices y encubridores del delito, y dar garantías y justicia a sus víctimas.

También, establecer reglas para la investigación y persecución del ilícito y ejecución de las penas, y reparar el daño a las víctimas de manera integral.

Propone tipificar como agentes activos de desaparición forzada a funcionarios públicos o ciudadanos que actúen bajo sus órdenes o permiso, y como agentes de desaparición entre particulares a aquellos que no incluyan la participación de servidores del Estado, con penas que irían de 20 a 50 años de prisión.

De acuerdo con el comunicado, el representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Javier Hernández Valencia, urgió a acelerar el proceso de aprobación de esta ley y a tomar en cuenta la voz de la sociedad civil, víctimas y familiares.

En tanto, el primer visitador de la CNDH, Luis García López Guerrero, llamó a fortalecer el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas y responder a los señalamientos expuestos por esa instancia y por los organismos internacionales para la localización de las víctimas. /gh/m