De comprobarse que se transgredió la normatividad en el derrame tóxico en el Río Sonora se exigirá la cancelación de la concesión a Grupo México de la explotación de la mina Buenavista del Cobre, dijo el legislador Marco Antonio Bernal Gutiérrez.

El presidente de la Comisión Especial creada en la Cámara de Diputados para investigar el derrame de contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi, destacó que en caso de irregularidades se deben aplicar las sanciones correspondientes, entre ellas que se cancele el permiso a esta empresa minera.

Al instalarse este grupo de trabajo integrado por siete diputados que dará seguimiento a las investigaciones sobre este caso y al aprobarse su plan de trabajo, pidieron que se suspendan las actividades de la mina.

El legislador priista indicó que analizarán con detenimiento los estudios que se hagan por parte de las dependencias federales encargadas para determinar las responsabilidades en el derrame, ocurrido el pasado 6 de agosto, por parte de la minera Buenavista del Cobre, de Grupo México.

“Si se confirma que se transgredió la normatividad, se exigirá a la Secretaría de Economía la cancelación de la concesión otorgada para la explotación de la mina”, aseguró.

Señaló que el derrame tóxico de sulfato de cobre afectó a siete poblaciones del estado de Sonora, en “comunidades, actividades agrícolas y ganaderas, y sobre todo elementos fundamentales para la vida humana, como es el consumo de agua”.

Detalló que los legisladores centrarán su atención en “temas medulares”, como el análisis de la suspensión de la mina operada por Grupo México, hasta que no se evalúen los daños y se garantice el resarcimiento de las afectaciones y la indemnización a la población afectada.

También, abundó, evaluará que los órganos de regulación del Estado mexicano cuenten con los instrumentos necesarios en el conocimiento del problema; se garantice que se resarzan los daños a la población y se aseguren las sanciones correspondientes a la empresa minera.

“Lo que está en juego, a consideración de esta comisión, son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta”, aclaró Bernal Gutiérrez.

Reconoció la labor de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) al decidir con “prontitud” la conformación de esta instancia especial ante la gravedad del problema y añadió que convocarán a todos los legisladores que quieran sumarse a participar para aportar ideas.

En entrevista, externó que “en otros países (como Estados Unidos y Canadá) las multas son altísimas, si nosotros creemos que la multa que se ha anunciado de 40 millones (de pesos) nos parece muy poco por el daño que se ha causado, entonces tenemos que endurecer la ley”.

La Comisión Especial tiene previstas reuniones de trabajo con funcionarios de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Economía, así como de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y del gobierno de Sonora.

Además, solicitará informes específicos sobre visitas de inspección, monto de los daños, gastos de las dependencias que intervinieron en el control de la emergencia, actualización del dictamen que establecerá sanciones a las que será sujeto Grupo México, restauración ecológica y acciones del gobierno del estado de Sonora, entre otros.

La Comisión Especial está integrada, además de su presidente, por los diputados Heberto Neblina Vega, del Partido Acción Nacional (PAN); Lorenía Iveth Valles Sampedro, de la Revolución Democrática (PRD); y David Pérez Tejada Padilla, del Verde Ecologista de México (PVEM).

Además por Francisco Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT) y Dora María Guadalupe Talamante Lemas, de Nueva Alianza. agb/m