La diputación federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pidió mecanismos más enérgicos y sanciones económicas acordes a los daños que las personas físicas o morales pudieran provocar al medio ambiente.

En una propuesta que presentó en la Cámara de Diputados propuso multas de entre 300 y 300 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal cuando el responsable sea una persona física y de entre mil y seis millones de días en el caso de las morales.

Arturo Escobar y Vega, coordinador del PVEM en el órgano legislativo, planteó que “con la llegada de nuevas empresas en el sector energético es necesario crear en los sectores productivos más conciencia sobre el cuidado y la protección al ambiente, principalmente el respeto absoluto a las leyes ambientales”.

Externó que el desarrollo económico de la región afectada por el derrame de tóxicos a los ríos Sonora y Bacanuchi debe ir paralelo al apoyo que urge brindar a la población que padece los daños.

Luego de determinarse la responsabilidad de Grupo México en ese hecho, aseveró que aun cuando a ese consorcio minero se le considera uno de las más importantes en el mundo como productor de cobre, no ha ayudado a elevar el nivel de vida de los sonorenses.

Por el contrario, dijo en entrevista, arriesgó al medio ambiente y a las actividades productivas de la región, con lo que se generó un daño irreversible que afectará por muchos años a la población.

Coincidió con la comisión especial en la necesidad de crear un fondo de desarrollo regional solventado por la empresa, con un piso inicial de cinco mil millones de pesos, para reparar los aspectos básicos para la reactivación económica y social de las familias afectadas.

Señaló que el deterioro ambiental ocasionado por Grupo México sentó el precedente de culpabilidad para quien lo provocó, es decir, “quien contamina paga”, de acuerdo con la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Escobar y Vega insistió en que el apoyo a la población afectada no debe pasar a segundo plano y que, por el contrario, los tres órdenes de gobierno deben tener como prioridad ayudar a las familias afectadas y resarcir las actividades productivas en la región.