El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Fernando Belaunzarán, solicitó a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, que a su vez, pida a la Oficina de la Presidencia de la República, información y datos disponibles para esclarecer si existe o no conflicto de interés en la compra-venta de la casa de la esposa del Presidente de la República, ubicada en la zona de Las Lomas

El legislador señaló que la Oficina de la Presidencia debe entregar al Legislativo copia del contrato de la casa localizada en Sierra Gorda, 150, las constancias de pagos para la compra del inmueble; así como copias de las declaraciones fiscales de 2010 a 2013 de la señora Angélica Rivera, y sus constancias de retención de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Belaunzarán Méndez también exhortó a la Comisión de Transparencia, a que pida copias de los contratos suscritos por la empresa Higa con el Gobierno Federal durante el presente sexenio.

En el oficio enviado de manera formal a la presidenta de la Comisión señalada, Areli Madrid, el legislador señaló que la Presidencia debe dar a conocer todos los contratos que suscribió el gobierno del Estado de México con el Grupo Higa y sus filiales: Eolo Plus, Constructora TEYA, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad y Concretos y Obra Civil del Pacífico, esto, de septiembre del 2005 a septiembre de 2011.

Indicó que el objetivo es determinar si existe o no conflicto de interés en el proceso de compra venta del inmueble referido, así como deslindar responsabilidades conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

“Respecto a la probable participación, tramitación o resolución de asuntos en los que existe interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para el servidor público o su cónyuge”, complementó.

Recordó que por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, la Comisión de Transparencia debe darse a la tarea de solicitar la información que sea necesaria, para aclarar si en la polémica por la llamada “casa blanca”, se configura el conflicto de intereses entre la Presidencia y la empresa propietaria de dicha mansión, que también es contratista asidua del Gobierno Federal. ys/m.