El presupuesto 2015 debe distribuirse sin fines políticos y sin corrupción, para atender las necesidades de los campesinos, elevar la producción agropecuaria y garantizar el rescate del campo, señaló el legislador Mario Rafael Méndez Martínez.

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a las Evaluaciones del Programa Especial Concurrente, indicó que "se debe reflexionar y ser honestos para que los encargados de entregar el presupuesto en los tres niveles de gobierno dejen de verlo como un negocio de grupo o de intereses empresariales, a fin de considerarlo como un elemento de desarrollo del país".

En reunión de trabajo de esta instancia legislativa se analizaron los Anexos 10 y 11 del PEF referentes al Programa Especial Concurrente (PEC) para el Desarrollo Rural Sustentable, los avances en el ejercicio presupuestal en el presente año y las perspectivas para el 2015.Apunto que "el presente y el futuro del campo nacional no es sólo responsabilidad de los productores que viven en las áreas rurales.

Es y debe ser un esfuerzo del gobierno federal para diseñar políticas públicas que garanticen una mayor y mejor distribución de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable".

Reconoció la buena planeación técnica del presupuesto federal; sin embargo, dijo, los proyectos productivos campesinos, pese a tener el estudio técnico respectivo, no se ejecutan por carecer de recursos, a causa de la falta de voluntad política para cumplir los lineamientos del gasto público.

Argumentó que el reparto presupuestal "no es exclusivo de un partido político o de una corriente ideológica; en todos los gobiernos se distribuyen los recursos de manera política y ese es el daño que le han hecho a los campesinos mexicanos".

Esa tendencia, agregó, debe reconocerse para priorizar las metas de producción alimentaria que generen empleo y alienten la economía regional.

Aseveró que "si queremos superar los rezagos del campo mexicano es urgente sumar esfuerzos y voluntades de los tres órdenes de gobierno".

Refirió que las principales demandas rurales son la reducción del número de programas en el PEC, la revisión de sus reglas de operación para facilitar el acceso a los apoyos, la coordinación institucional y concurrencia de acciones para la atención integral del agro.

Eufrosina Cruz Mendoza, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, propuso que para hacer efectivo el uso del presupuesto deben cambiar las reglas de operación en los programas destinados a los pueblos autóctonos.

Subrayó que no se tiene el reporte sobre el destino de los recursos etiquetados transversalmente para esta población. "Lo único que sabemos es lo que maneja la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pero de las demás dependencias se desconoce".

Resaltó la necesidad de que se transparenten los beneficiarios de los programas, y la banca de desarrollo disponga recursos para las comunidades originarias y haya seguimiento.

"Los esfuerzos se quedan en pequeños proyectos de 200 mil pesos que funcionan un año, pero se constriñe a un huerto de traspatio, que si no se le apuesta para el siguiente año muere el proyecto".

Apuntó que todos los sectores tienen la responsabilidad de generar las condiciones que detonen la economía regional, a fin de eliminar la pobreza y marginación, no con subsidios sino con planeación productiva.

El diputado del PRD, Pedro Porras Pérez urgió a diseñar políticas públicas en el marco de una reforma integral del campo, a fin de establecer bases sólidas de fomento y no sólo mediante decretos del Ejecutivo, los cuales "son remedios que alivian medianamente las necesidades de los campesinos, pero no resuelven los problemas de fondo como la pobreza y marginación".

Es grave, comentó, la falta de rentabilidad del agro por la carencia de apoyos a pequeños campesinos, que son la mayoría de los productores agrícolas, por lo que miles de jóvenes salen de sus comunidades, prefieren buscan otras opciones que no encuentran y las tierras son acaparadas por unos cuantos.

"La actual política pública del gobierno federal no va a sacar adelante al campo con la caída de los precios internacionales de los granos. De seguir esta baja vamos a ver un agro más devastado".

Por su parte el perredista José Humberto Vega Vázquez señaló que el rescate del campo mexicano exige una inversión de 8 mil millones de pesos directa a los pequeños productores, en donde es fundamental la planeación estratégica, de la cual adolece la producción social, ya que no se le otorga la importancia que tiene para impulsar la autosuficiencia alimentaria.

Indicó que no se les dan alternativas reales de solución basadas en la organización, capacitación, información y seguimiento.

"Los programas productivos son dádivas para los agricultores de autoconsumo, porque no se crea una cadena de comercialización y de vinculación que otorgue valor agregado a los productos; en contraparte, se apoya desde hace 30 años a las grandes empresas agroindustriales y eso ha destrozado al agro".

Por su parte, Octavio Jurado Juárez, gerente general de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario (Amsda) propuso que se dé "un carácter irreductible" al presupuesto destinado para el desarrollo rural sustentable ante la expectativa de reducción en el ingreso por la eventual disminución económica.

Refirió un escenario adverso por la caída internacional de los precios de los granos básicos causada por la inusual producción mundial del presente año por la buena temporada de lluvias, lo cual incidirá en la agricultura familiar negativamente porque la baja de los costos les impactará menos utilidades.

Resaltó "el enfoque de apoyos que da el PEF al pequeño productor en zonas de alta y muy alta marginación" para superar esta tendencia, así como el reconocimiento de las diferentes realidades regionales y focalización de los recursos, para especializar los programas.

Señaló la necesidad de reconvertir los cultivos para producir con un enfoque de mercado, que evite la venta de productos en lugares lejanos a las comunidades por los altos costos de traslado, ya que los únicos ganadores son intermediarios, propuso, incluso, ordenar la cadena comercial.

Sugirió integrar una comisión de seguimiento para atender el impacto del cambio climático, que vincule y haga realidad el marco jurídico con las políticas públicas.

En su intervención, Ildelfonso Morales Velázquez, investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados (CEFP), señaló que el PEC aglutina la política de desarrollo del campo en un solo instrumento y reconoció el esfuerzo de los legisladores por gestionar mayor presupuesto para el sector, por lo que llamó a evitar subejercicios.

Explicó que entre las causas de los rezagos en la aplicación del gasto, resaltan la dificultad de los beneficiarios de los programas presupuestarios para cumplir con los requisitos de las reglas de operación y, en el gasto de inversión, los procesos de registro de los proyectos necesarios para aplicar el recurso autorizado.

No obstante, estimó que al cierre del 2014 se ejercerá la totalidad de los recursos para el campo, ya que al tercer trimestre se han ejercido las tres cuartas partes presupuestarias. Destacó que la vertiente social es la que capta la mayor cantidad de dinero etiquetado, seguido por infraestructura y competitividad./arm/m