La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se declaró en sesión permanente, con el fin de dictaminar el proyecto de Ley de la Fiscalía General de la República (FGR).

El documento prevé la transición de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General, es decir, un ente autónomo que será independiente y técnico; tendrá capacidad de implementar el sistema de justicia procesal acusatorio, y contempla elementos de respeto a los derechos humanos tanto del imputado, como de la víctima.

La Fiscalía tendrá personalidad jurídica y patrimonio propios, incluyendo recursos obtenidos por capacitación, adiestramiento y actividades que le generen ingresos.

Entre los elementos que generaron rechazo de los diputados de izquierda, está la facultad del fiscal de solicitar al órgano jurisdiccional que autorice la intervención de comunicaciones privadas

También desarrollará la función de representante social del Ministerio Público, que podrá investigar y perseguir delitos; aunado a que protegerá los derechos de niños, discapacitados, adultos mayores, personas en situación de riesgo e intereses colectivos.

Aunque en los argumentos, la norma indica que la ciudadanía desconfía del Ministerio Público, porque éste y su titular dependen orgánicamente del Presidente de la República, la propuesta enviada a San Lázaro el pasado 23 de septiembre de 2014, prevé que el nuevo fiscal será nombrado a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo Federal al Senado de la República. El funcionario durará 9 años en el cargo.

El ordenamiento establece que el Ministerio Público se encargará de localizar a personas desaparecidas, cuantificar la reparación del daño a las víctimas, promover soluciones alternas y formas anticipadas de procesos penales, así como de atraer delitos del fuero común cuanto tengan conexión con ilícitos del orden federal.

El fiscal podrá participar en la elaboración de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en tanto que podrá crear vicefiscalías especializadas en delitos electorales y para el combate a la corrupción.

Al organismo sustituto de la PGR se incorporará la estructura del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

La ley indica que en materia de transparencia, la Fiscalía establecerá medios de información a la sociedad, con la reserva de datos que puedan poner en riesgo la seguridad de quienes intervienen en procedimientos penales o las indagatorias del Ministerio Público.

Contempla que las autoridades de los demás órdenes de gobierno, deberán coadyuvar con el MP, entregando información cuando sea necesario.

Prevé la aplicación periódica de exámenes de control de confianza para los agentes del Ministerio Público, investigadores, peritos y los funcionarios que determine el fiscal.

La Fiscalía fijará las normas sobre capacitación, formación ética y profesional y actualización de su personal.

Conforme a las disposiciones del Servicio de Carrera, se establecerán los requisitos ser agentes del Ministerio Público, peritos o investigadores.

El presidente de la Comisión de Justicia y diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Fidel Pacheco, agregó que esa instancia también analiza cambios al Código Penal Federal, a la Ley General del Servicio Profesional Docente, a la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la PGR y la Ley Federal de Defensoría Pública.

Asimismo, se evaluarán cambios a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. ys/m.