La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó dos puntos de acuerdo para implementar acciones orientadas a eliminar la violencia contra las mujeres y capacitar sobre derechos humanos desde una perspectiva de género a las dependencias encargadas de la seguridad pública.

También avaló un punto de acuerdo para exhortar a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) a capacitar sobre derechos humanos de las mujeres a todo su personal especialmente a quienes efectúan operaciones contra el crimen organizado.

El documento suscrito en reunión de trabajo refiere que en diciembre de 2006, el gobierno federal inició un proyecto para combatir el narcotráfico y la inseguridad en México, el cual incluyó el despliegue de fuerzas policíacas y militares en varios estados del país.

Sin embargo, agrega, de ese año a 2012 diariamente son asesinadas 6.4 mujeres y el delito de feminicidio aumentó 40 por ciento en el mismo periodo.

De igual manera, las mujeres son utilizadas para castigar y amedrentar a compañeros y enemigos de grupos criminales, por lo que su vulnerabilidad ha aumentado generando actos de extrema violencia contra ellas como la sexual, desapariciones forzadas, torturas y feminicidios, cometidos por agentes estatales, militares y grupos de la delincuencia organizada.

De acuerdo con el texto, las Fuerzas Armadas, en el marco de sus actividades de lucha contra el crimen organizado han cometido violaciones a los derechos humanos.

En ese sentido, las legisladoras coincidieron en que para evitar actos de esa naturaleza es necesario que los titulares de la Sedena y de la CNS construyan una nueva estrategia basada en el respeto a los derechos humanos, donde el punto medular para el combate de la violencia sea la prevención.

Manifestaron que con la capacitación y sensibilización de los funcionarios, miembros del Ejército y fuerzas federales, se podrá favorecer una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres.

El documento precisa que en lugar de castigar actos de violencia hacia las mujeres, por militares y fuerzas federales, se pretende tener un Ejército y elementos policiacos informados que no violen los derechos humanos femeninos, sino que los protejan y salvaguarden.

La comisión de diputadas aprobó también un punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Educación Pública a fortalecer los medios de información impartidos en las escuelas en materia de igualdad y respeto a las mujeres.

Además, solicita al Instituto Nacional de las Mujeres que en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, emprenda las acciones necesarias para dar a conocer de manera eficaz los medios de defensa y denuncia con los que cuentan las mujeres víctimas de violencia, y con ello incentivar la denuncia oportuna.

El documento sostiene que esas acciones permitirán atender la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida dentro de su hogar por su pareja, la cual, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 63 de cada 100 mujeres de 15 años o más han padecido algún incidente de violencia.

Las legisladoras de la Comisión exaltaron la necesidad de determinar a la violencia contra las mujeres como un problema social de dimensiones alarmantes, pues a diario millones de féminas y niñas son agredidas, golpeadas, violadas, mutiladas y asesinadas, producto de la falta de educación y la histórica desigualdad.

En conferencia de prensa, las diputadas integrantes de la comisión presentaron la iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Dicha normativa tiene el propósito de incluir conceptos como el principio de la igualdad sustantiva, la perspectiva de género, reparación integral del daño, tipos de violencia como la obstétrica, derechos sexuales y reproductivos, cibernética, feminicida, y la ejercida durante el noviazgo.

En materia de prevención, propone diseñar modelos asertivos y protocolos que generalicen una cultura de la no violencia, que promueva el empoderamiento, las órdenes de protección, a fin de garantizar en todo momento la seguridad de las mujeres.

También plantea que la alerta de género sea reestructurada, con la finalidad de que cuente con información cuantitativa y cualitativa que obligue a los estados a generar información y tener diagnósticos para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.

Asimismo, se incorpora el término de debida diligencia que obliga a que ante el conocimiento de un hecho de violencia cometido contra mujeres o niñas, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias actúen de acuerdo con las disposiciones de esa ley y con apego irrestricto a los derechos humanos. agb/m