En la Cámara de Diputados, un grupo de aproximadamente 200 legisladores de las bancadas del Movimiento Ciudadano (MC), Partido del Trabajo (PT), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), solicitaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados integrar una comisión investigadora que examine los contratos suscritos con organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, y el grupo de empresas de Juan Armando Hinojosa Cantú y las relacionadas con la misma.

La moción promovida de inicio por congresistas afines al partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), contó con el respaldo de otros legisladores de oposición, indicó el diputado del PT, Manuel Huerta.

Huerta Ladrón de Guevara, recalcó que la petición hecha ante la Junta de Coordinación Política, cumple con creces el requisito legal de contar con el respaldo de al menos 125 firmas de legisladores, ya que el documento está firmado por 197 diputados y diputadas.

De modo que los coordinadores parlamentarios ni siquiera la mayoría, podrán negar el derecho constitucional de las minorías a constituir esa comisión investigadora en San Lázaro.

Al tomar parte en el anuncio, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Mejía, puntualizó que si algo llega a frenar la conformación de dicha instancia, solo sería una orden directa del Presidente de la República.

Lo anterior, porque el supuesto legal establecido en el artículo 93 de la Constitución, de contar con al menos una cuarta parte del respaldo de la Cámara para promover la apertura de una comisión investigadora, está cubierta.

En ese marco, la diputada del PRD, Karen Quiroga, dijo que la sociedad exige saber qué intereses hay detrás de la serie de contratos de obra pública entregados a la empresa de Hinojosa Cantú, qué relación tiene el caso con la empresa Televisa y quien está aportando dinero extra a la que se refirió como “familia presidencial”.

La diputada del PAN, Elizabeth Yáñez, recalcó que la Cámara de Diputados debe responder a las exigencias de transparencia y rendición de cuentas de la ciudadanía, que demanda políticos y gobernantes honestos, en un país donde cada año se licitan obras y se entregan contratos por aproximadamente 700 mil millones de pesos.

Recalcó que la Ley de Obras Públicas y las normas sobre licitaciones son muy claras, respecto a los requisitos a cumplir por los proveedores, para tener acceso a contratos que impliquen el pago de recursos públicos.

Por ello es preciso investigar los convenios comerciales del Gobierno Federal con el Grupo Higa, para verificar que no hay conflicto de interese entre empresarios y gobiernos.

Enfatizó que el país ya es diferente y los mexicanos no admiten que un vocero de la Presidencia salga a pedir que el caso de la “casa blanca” de la esposa del Ejecutivo Federal se dé por cerrado. Esto no ocurrirá hasta que la Presidencia rinda cuentas, atajó.

La diputada Yáñez recalcó que el objetivo de la oposición en San Lázaro, es verificar la legalidad de los contratos referidos y en caso de existir favoritismo, tráfico de influencias, conflicto de interés o corrupción, solicitar se aplique la ley de responsabilidades de los servidores públicos.

Cuestionados respecto a los señalamientos de comunicadores, en cuanto a que la investigación periodística sobre la casa blanca se originó en trabajo de inteligencia ligado a Marcelo Ebrard, la diputada del PRD, Malú Micher, allegada al ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal, respondió.

“Yo, que formo parte del equipo de Marcelo Ebrard, encantada de que le den ese poder a Marcelo, pero creo yo que esto fue resultado de una investigación periodística, no de ningún espionaje de ninguna agencia como la CIA. Y si así fuese, me parece que estamos denostando a sus colegas, así es que yo creo que el periodista debería tener más claras sus fuentes”, planteó, en relación a lo publicado en el diario El Universal, por el columnista Salvador García Soto. ys/m.