El diputado federal Diego Sinhue Rodríguez Vallejo propuso reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor con el fin de frenar abusos contra quienes compran productos a plazos en “abonos chiquitos”, que muchas veces resultan más onerosos.

El legislador subrayó la necesidad de aumentar los “candados” para proteger la economía familiar, ante las acciones de comercios que ofrecen productos y servicios en un esquema de pago a plazos con la promesa de entrega, a través de un reducido “enganche” o con pagos periódicos que aparentemente no resultan demasiado gravosos.

Es decir, los conocidos como pagos “chiquitos” que aumentan de forma considerable los precios de los bienes, por lo que su propuesta se dirige a reformar el Artículo 66 de la Ley Federal de Protección al Consumidor que regula toda operación a crédito al consumidor.

El secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados indicó que ese mecanismo de venta debe vigilarse para que no existan excesos de los vendedores de bienes y servicios, ya que los contratos no especifican los cobros exactos.

Sobre todo porque “algunos consumidores no son ampliamente informados sobre las consecuencias de sus compras y de un eventual atraso en los pagos”.

Rodríguez Vallejo sugirió que la información se dé con anticipación a la celebración del contrato para permitir al consumidor un plazo que la Profeco considere suficiente para tomar una decisión informada sobre si conviene a sus intereses realizar o no el contrato.

De esa manera se garantizaría que “la información incluya el desglose, expresado en cantidades líquidas o corrida financiera, de todos los pagos que realizará el consumidor, incluyendo un simulador de cuáles serían los montos a pagar si el cliente se atrasara en sus pagos en, al menos, tres momentos o circunstancias distintas”.

Hizo notar que la iniciativa especifica que “tratándose de consumidores que no cuenten con certificado de educación primaria el proveedor deberá conservar evidencia en video o audio de que informó las especificaciones del contrato”.

El panista comentó que la población se queja de que los comercios no informan correctamente de todas las implicaciones del contrato, ya que les dan a firmar documentos que algunas veces no comprenden, en ocasiones por no contar con educación básica y en otras porque los convenios indican tasas de intereses o comisiones que ellos ignoran.

“Al final descubren que pagaron mucho más dinero por el producto de lo que ellos pensaron. Además, si por algún motivo se ven en dificultades para cubrir alguno o varios pagos, los intereses normales, los moratorios, comisiones u otros cargos que tienen que pagar resultan ruinosos a su economía”.

También comentó la necesidad de que se conceda un plazo razonable para que el ciudadano que adquiera un crédito analice los elementos del mismo y pueda tomar una decisión informada e, incluso, consultar con otras personas que le puedan explicar, a fin de que su decisión comprenda las consecuencias de no ser puntual en sus pagos./arm/m