ElUniversal
15:15  |  17 - 01 - 2015
Exige PRD indagar asesinatos de sacerdotes en Guerrero

Diputados del grupo parlamentario del PRD pidieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero a agilizar y a realizar conforme a derecho la investigación sobre el asesinato de los sacerdotes Gregorio López Gorostieta, John Ssenyondo y José Ascensión Acuña Osorio.

A través de un punto de acuerdo, los legisladores Roxana Luna Porquillo, Víctor Nájera Medina y Carlos de Jesús Alejandro, expusieron que la madrugada del pasado 22 de diciembre de 2014 el sacerdote Gregorio López Gorostieta fue secuestrado por personas armadas que ingresaron al seminario de la Ciudad Altamirano en el estado de Guerrero, en la región de Tierra Caliente, lugar en el que se encontraba para oficiar varias misas y participar en una ceremonia navideña.

Indicaron que de acuerdo a información proporcionada por las autoridades del municipio de Tlapehuala, también en Guerrero, el cuerpo del sacerdote fue encontrado el jueves 25 de diciembre, con un impacto de bala en la cabeza y huellas de tortura, en la carretera Iguala-Ciudad Altamirano a la altura del monumento al General Lázaro Cárdenas, en el poblado de Colonia Juárez de Tlapehuala.

El sacerdote era originario de Nanchititla, Estado de México, se ordenó en Altamirano y fue profesor del seminario católico en la misma ciudad. Los motivos de su secuestro y asesinato aún no son aclarados pero algunos medios de comunicación han mencionado que él fue secuestrado tras acusar al cártel de los Guerreros Unidos del secuestro y supuesta muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa el mes de septiembre del año 2014.

Comentaron que el 29 de diciembre, el fiscal de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, informó que el cura Gregorio murió por asfixia y no por arma de fuego, luego de que un perito médico le practicase la necropsia al cuerpo del sacerdote.

Aunado al lamentable suceso y a la gran pérdida para la comunidad católica y guerrerense –subrayaron--, este crimen resulta alarmante al haberse cometido después de que el 3 de diciembre del año pasado el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong firmara el Convenio de Implementación del Mando Único y anunciara el arranque del plan especial de seguridad para la región de Tierra Caliente que abarca 36 municipios de Guerrero, Michoacán, Estado de México y Morelos, en el que dio inicio un despliegue de las fuerzas federales en esta zona con el supuesto objetivo de garantizar la seguridad de la población y acabar con la delincuencia en esa área.

Durante la firma, el Secretario de Gobernación estuvo acompañado por los gobernadores de Guerrero, Rogelio Ortega; Michoacán, Salvador Jara; Morelos, Graco Ramírez, y del Estado de México, Eruviel Ávila; además de los secretarios de la Defensa, Salvador Cienfuegos; de Marina, Vidal Francisco Soberón, y el procurador, Jesús Murillo Karam, en donde se hicieron diferentes acuerdos y compromisos para poner fin a la inseguridad que se vive en la región.

A pesar del fuerte operativo emprendido por el gobierno federal coadyuvado con los gobiernos estatales, el padre Gregorio fue secuestrado y asesinado. Hasta hoy no se ha aprehendido a ningún autor o ejecutor del crimen que tiene de luto a la ciudadanía guerrerense, precisaron.

Comentaron que no pueden olvidar que el padre Gregorio López es el tercer sacerdote asesinado este año en el estado de Guerrero. El 30 de abril de 2014, el padre John Ssenyondo de origen ugandés, fue raptado por personas armadas cuando salía de oficiar una misa en Santa Cruz, municipio de Chilapa, para dirigirse a la iglesia del poblado de Nejapa, donde estaba asignado desde hace cinco años.

Ante esta situación, el Papa Francisco expresó sus condolencias por la muerte del sacerdote Gregorio López Gorostieta, a través de un telegrama firmado en su nombre por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido al obispo Maximino Martínez, de la diócesis de Ciudad Altamirano.

Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) en un comunicado exigió a las autoridades el cese a la violencia y el esclarecimiento del asesinato del sacerdote originario de Nanchititla y de los demás crímenes que han provocado dolor en tantos hogares de nuestra patria, así como castigo conforme a derecho a los culpables.