El líder parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Miguel Alonso, señaló que al juzgar la participación del Ejército en casos como las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya y la desaparición de normalistas de Ayotzinapa, nadie quiere poner en "la picota" a los militares.

Sin embargo, advirtió Alonso Raya, hay evidencia suficiente que apunta a que elementos castrenses tomaron parte en el asesinato de las 22 personas que se encontraban en una bodega en Tlatlaya, y en el caso Iguala, tenían conocimiento de los ataques a los estudiantes e incluso, pudieron ser partícipes de ello.

“Nadie pretendemos, para que nos pongamos de acuerdo, poner en la picota y en un proceso de desprestigio al Ejército como institución, no queremos eso, creo que nadie queremos eso”, aclaró.

Fue enfático al indicar que nadie quiere desprestigiar a las Fuerzas Armadas, pero es un hecho innegable que han estado involucradas, quizás no como institución en su conjunto, pero si con algunos de sus miembros, en casos de tortura, desapariciones y violación a los derechos humanos.

Por ello, advirtió, es que urge el retorno de las fuerzas armadas a los cuarteles y que las autoridades encargadas de la seguridad y procuración de justicia, cumplan sus obligaciones.

“Lo que queremos es en todo caso y lo que venimos planteando, es que el Ejército debe regresar a los cuarteles, no debería de estar haciendo lo que hoy lo tiene el Gobierno haciendo. Debería plantearse un proceso y un tiempo para que pudieran regresar a los cuarteles”, pidió.

“En todo caso, quien tenga que ser detenido por algún posible delito que haya cometido, bueno que todo mundo sepa dónde está, dónde se lo llevaron, dónde está declarando, qué autoridad lo tiene, quién lo está investigando”, ello, con el fin de evitar más casos de desaparición forzada, recalcó.

Al participar en el foro sobre desapariciones forzadas organizado por diputados federales del Sol Azteca, el legislador recalcó que el crimen y la impunidad no operarían ni privarían en el país, si las instituciones funcionaran del modo debido.

“El caso se vuelve aún más grave cuando todo esto acontece con la complicidad, en la mayoría de los casos, de las autoridades. El crimen y la delincuencia organizada no podrían existir ni funcionar si funcionaran las instituciones del Estado y sus aparatos de inteligencia y seguridad; si se combatiera en serio a la impunidad”, insistió.

El líder del PRD en la Cámara subrayó que la desaparición forzada es un crimen de Estado, porque “tiene que ver con las organizaciones del Estado”.

En ese marco, el diputado José Luis Esquivel Zalpa, organizador del foro, coincidió en que, en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, elementos de la Policía Federal y militares ubicados en la zona estaban enterados de las agresiones contra los jóvenes y fueron corresponsables.

Lamentó que pese a la detención de más de 80 personas, la Procuraduría General de la República (PGR) aún no haya podido dar con el paradero de los 43 estudiantes, de los cuáles, solo se ha logrado identificar los restos mortales de uno de ellos.

Recalcó que los detenidos y acusados, están siendo procesados por delitos como el secuestro, pero no por desaparición forzada, lo anterior, producto de los vacíos legales que existen en la materia.

Recordó que hasta el momento, solo los estados de Querétaro, Nuevo León y Coahuila cuentan con leyes que reconocen la desaparición forzada como tipo penal.

Agregó que para atender la problemática, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con el fin de establecer la imprescriptibilidad de la desaparición forzada y considerarla como crimen de lesa humanidad.

Sin embargo, la propuesta que prevé imponer de 40 a 60 años de cárcel y multas de 30 mil a 50 mil días de salario a los infractores, así como la destitución e inhabilitación de funcionarios involucrados, no ha sido analizada en comisiones, refirió. ys/m.