La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se reunirá el 24 de febrero para dictaminar sobre el Sistema Nacional Anticorrupción, a fin de que el pleno lo discuta y, en su caso, lo apruebe el día 26, señalaron diputados del PAN, PRD y PT.

Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, advirtió que esa fuerza política no cederá en los cuatro ejes fundamentales de su propuesta, que son, en primer lugar, la creación de observatorios ciudadanos.

Asimismo, que el titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) sea ratificado por el Senado, controles externos para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la SFP, además del establecimiento de un tribunal federal autónomo.

Miguel Alonso Raya, líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), expresó que en la elaboración del dictamen para crear el sistema nacional anticorrupción se deben modificar las facultades de la ASF es decir, “darle más dientes para presentar denuncias”.

En tanto, la vicecoordinadora del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, adelantó que su bancada votará contra el dictamen, ya que las tres principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión no tomaron en cuenta a las minorías ni consultaron a especialistas en transparencia.

Dio a conocer que la fracción del PT presentó una iniciativa para que los órganos de investigación de actos de corrupción sean independientes y que las auditorías de la ASF se realicen en tiempo real y que haya una investigación efectiva y vinculante.

En conferencia de prensa, el panista Anaya Cortés señaló que la presencia en la Cámara de Diputados del auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, para entregar el informe general de la Cuenta Pública 2013, confirma la urgencia de que la próxima semana se apruebe el sistema anticorrupción del país.

La gran tragedia con el sistema legal actual, opinó, es quién juzgará a esos mil 300 servidores públicos que pudieron haber cometido actos de corrupción y que podrían haber desviado hasta 50 mil millones de pesos.

Con las leyes actuales, insistió, no será un juez independiente ni un tribunal autónomo; serán los propios empleados de los presidentes municipales, de los gobernadores y del Ejecutivo federal.

Esa, abundó, es la gran transformación que se está planteando con el sistema nacional anticorrupción y que el propio auditor fijó como prioridad, la creación de un tribunal federal autónomo, verdaderamente independiente.

Además, que conozca de esas mil 300 acusaciones, que juzgue a esos funcionarios que pudieron haber cometido actos de corrupción y que se resuelva con absoluta claridad a dónde fueron a parar esos casi 50 mil millones de pesos, agregó el legislador panista.

Enfatizó que “insistimos en la urgente necesidad de que la próxima semana se apruebe el sistema nacional anticorrupción y dejen de ser los empleados de los alcaldes, de los gobernadores y del presidente de la República quienes conozcan de estos mil 300 expedientes”.

Hizo notar que los cuatro puntos que marcó el auditor como prioritarios están incluidos dentro de la reforma del sistema nacional anticorrupción planteado por Acción Nacional.

“Vamos a defender desde el PAN que esos cuatro puntos sean incluidos en la reforma que se estará votando la próxima semana”, insistió

Más allá de porcentajes, señaló, lo cierto es que el martes próximo sesionará la Comisión de Puntos Constitucionales y ahí serán públicas, transparentes y conocidas las posturas de cada uno de los grupos legislativos.

Consideró fundamental que la Auditoría Superior de la Federación pueda intervenir en tiempo real, ya que “es absurdo que estemos en 2015 y apenas estemos conociendo las irregularidades de 2013”.

Por separado, el perredista Alonso Raya estableció que en la discusión de reformas anticorrupción se deben incluir modificaciones a las facultades de la ASF, a fin de fortalecer la lucha contra ilícitos en el manejo de recursos públicos.

Asimismo, se pronunció por reducir los tiempos de entrega de la Cuenta Pública a la propia ASF, a fin de que se auditen los programas en tiempo real, sin interrumpir su aplicación, logrando que a tiempo se puedan detectar subejercicios o saber qué recursos no se están aplicando para lo que fueron aprobados por el Legislativo.

También se refirió a la necesidad de mejorar los mecanismos que señalen “si hay razón o no para cambiar la orientación de los recursos”.

En su oportunidad, Aguilar Gil adelantó que el PT no validará el dictamen sobre reformas en materia anticorrupción, que se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales, porque “están tratando de simular que hay un progreso legislativo”.

Cuestionó que esta instancia legislativa no se haya abierto a que en la discusión participen la ciudadanía y expertos en la materia y aseveró que solamente han presentado propuestas las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el PAN y el PRD.

A su parecer, este documento “no debería discutirse ni en lo oscurito, ni con el pretexto, digamos, la premura legislativa, que puede tener la Comisión de Puntos Constitucionales”.

Lilia Aguilar indicó que la fracción legislativa del PT no entregó observaciones a la comisión, “por una simple y sencilla razón, nos parece que la forma en la que está operando es inadecuada”.

Sin embargo, aseguró que “hemos presentado una iniciativa y no la metimos a la Comisión de Puntos Constitucionales porque creemos que debe de seguir el procedimiento legislativo normal”. Duración 0’00’’, nbsg/m.