La Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el acuerdo que servirá como base para elaborar el dictamen de reforma constitucional que creará el sistema nacional anticorrupción.

El presidente de esa comisión, Julio César Moreno Rivera, leyó el documento que contiene las propuestas de legisladores priistas, panistas, perredistas y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como de organizaciones civiles, y también los puntos acordados sobre los temas en los que había más diferencias.

Puntualizó que se dio cumplimiento al acuerdo de enviar a las organizaciones civiles los avances en el tema, a fin de que remitieran sus observaciones.

Con 11 votos a favor y una abstención, fue aprobado el predictamen que reforma la Constitución Política en materia de combate a la corrupción, mismo que será votado por el pleno este miércoles a las 17:00 horas, señaló Moreno Rivera.

El diputado agregó que el dictamen sería presentado, discutido y votado en el pleno camaral este jueves.

Si se aprueba la dispensa de los trámites correspondientes, es decir, se le daría primera lectura o publicidad el jueves en el pleno, y se solicitará la dispensa de la segunda lectura para que entre a debate de inmediato ese mismo día.

“Se buscará consolidar el consenso para que el dictamen sea presentado y discutido ante el pleno de la Cámara este jueves para así cumplir con el calendario previsto”, detalló.

En la reunión de la junta directiva, destacó que los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del PVEM lograron ponerse de acuerdo en temas donde encontraban mayores diferencias.

Entre ellos, que el titular de la Secretaría de la Función Pública sea propuesto por el Ejecutivo federal y ratificado por el Senado; el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a la que le otorgan la facultad de atracción para investigar las finanzas estatales y municipales.

También aumenta a por lo menos siete años la prescripción de actos u omisiones de responsabilidad administrativa que fuesen graves; el establecimiento de un servicio civil de carrera en todos los órganos internos de control.

Se establece con claridad que se puedan sancionar los conflictos de interés; los integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa serán ratificados por el Senado.

La junta directiva validó las coincidencias de los grupos legislativos, mismas que se inscribieron en la propuesta de proyecto presentado, la que se hizo del conocimiento de los integrantes de la comisión.

Dichos consensos giran en torno al Artículo 22 constitucional sobre los casos de extinción de dominio y los artículos 28 y 41, para homologar el término “órganos de control”.

En el Artículo 73 se amplían las facultades del Congreso para legislar en materia de combate a la corrupción; en el 74 se otorgan facultades a la Cámara de Diputados para el fortalecimiento de la fiscalización.

En el Artículo 79 se reconfigura la ASF, en el que se elimina el principio de anualidad y posterioridad para llevar revisiones en tiempo real y ejercicios anteriores.

En el Artículo 108 se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses a las autoridades competentes; en tanto, en el Artículo 109 se establecen las sanciones a servidores públicos y particulares.

En el Artículo 113 se establece un Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y se determina quienes lo integrarán, sin excluir la participación ciudadana.

Moreno Rivera refirió las coincidencias en los artículos 116 y 122 respecto de la réplica del Sistema Nacional de Combate a la Corrupción en las entidades federativas; en este apartado se homologa la entrega de las cuentas públicas de los estados en sus legislaturas correspondientes a más tardar el 30 de abril. ys/m.