La propuesta de reformas a la Ley General de Aguas que impulsan PRI, PAN y Partido Verde para ser aprobada el próximo martes en la Cámara de Diputados es totalmente privatizadora y representa un robo desvergonzado a la nación, ya que deja en manos de particulares la explotación y aprovechamiento de las cuencas hídricas, nulificando el derecho humano de acceso al agua, advirtió el Coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya.

Ante dichas acusaciones, el Coordinador de la Bancada del PRI en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, salió en defensa del dictamen que recibió su primera lectura el pasado jueves y negó que la propuesta priista sea privatizadora, con el argumento de que se contempla la participación del capital privado en el sector para poder garantizar las inversiones que se requieren en materia hídrica, logrando con ello el abasto del líquido en todo el país.

En su posicionamiento previo a la sesión del próximo martes, el perredista Miguel Alonso Raya explicó que uno de los principales problemas de la Ley General de Aguas “que pretende imponer el Ejecutivo” es que se trata de una norma contraria a la propia Constitución, ya que nulifica el derecho humano al agua para permitir su acaparamiento por parte de agentes privados, quienes podrán traficar con los títulos de concesión, incluso en zonas con poco disponibilidad de agua.

Dijo que una de las formas de acaparamiento que impulsa la ley peñista sobre el agua son los llamados trasvases de agua, es decir, las concesiones que permiten el traslado de aguas nacionales trasladadas de una cuenca a otra por parte agentes privados, lo que les permitiría a las empresas acaparar y sobreexplotar el agua del país durante los 30 años que se prevén para dichos títulos, los cuales además cuentan con derecho a prórroga.

En este sentido, Alonso Raya se pronunció porque “los trasvases deben ser la excepción y no la regla”, por lo que estos deben ser realizados únicamente por las autoridades como la Comisión Nacional del Agua, a efecto de garantizar el abasto a la población en las zonas donde haya escasez del vital líquido.

Agregó que la modificación a la ley para que haya prórroga de concesiones a los particulares hasta por un periodo de 60 años, otorgando incluso una opción a renovar dichas concesiones terminando dichos periodos, prácticamente representa “un regalo” a los privados de los recursos hídricos para que las empresas pueden acaparar, comercializar y especular con el precio de las cuencas de agua de manera indefinida, sin tomar en cuenta el impacto medio ambiental de dichas concesiones o títulos.

“Mediante estas concesiones, la ley otorgaría a empresas privadas el derecho a la explotación del agua por un largo periodo de tiempo, determinando en la misma la posibilidad de que esta sea refrendada, sin importarles la alteración en los ciclos hidrológicos y biológicos de las cuencas y acuíferos, ni la afectación a los ecosistemas y la sustentabilidad para el ser humano”, denunció.

En este marco, acusó al gobierno del Presidente Enrique Peña de “echar por tierra” todo el trabajo que se había logrado de manera conjunta entre la Comisión Nacional del Agua y los partidos políticos para tener una ley sustentable en la materia, ya que los cambios al dictamen para apoyar la privatización del sector acuífero fueron avalados y sugeridos por la Secretaría de Hacienda y no por Conagua.

“Eso rompe el proceso de negociación y por eso la postura de las fracciones de izquierda de salirse de la sesión de las comisiones unidas de Agua Potable y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el dictamen que mañana se discutirá en el pleno, el cual, por las razones antes expuestas, tampoco fue publicado”, concluyó. ys/m.