En la Cámara de Diputados, se polarizaron las posturas a favor y en contra de la nueva Ley General de Aguas.

A nombre del ala de la izquierda que rechaza el proyecto presentado en su conjunto por diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), congresistas del Sol Azteca calificaron la propuesta como “inhumana e inconcebible”, porque no garantizará el acceso de ese recurso a la población, sino que prevé favorecer a los concesionarios privados.

Acompañada por académicos universitarios, la vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro y diputada perredista, Aleida Alavez, refrendó que la normatividad es privatizadora y tiene graves elementos que afectarán el derecho constitucional del acceso al recurso hídrico.

En ese marco, su compañero de bancada, Alejandro Sánchez Camacho, advirtió que éste martes 10 de marzo podría desatarse la toma de Tribuna en San Lázaro, a fin de impedir que el dictamen en cuestión se apruebe.

Posteriormente, la Junta de Coordinación Política anunció que la aprobación y votación del dictamen referido se pospuso por tiempo indefinido, lo que en cierta medida desactivó el anuncio de que se impediría la discusión en el Pleno.

En contraparte, el presidente de la Comisión de Agua Potable en la Cámara y diputado del PRI, Kamel Athie, se presentó junto con un grupo de empresarios operadores de distintos sistemas de aguas en el país, a fin de negar que la ley sea privatizadora.

Empresarios y legisladores del tricolor, acompañados por el también senador del PRI, Aarón Irizar, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la colegisladora, fueron enfáticos en aseverar que los opositores a un proyecto que se ha discutido a lo largo de 2 años, solo persiguen fines político electorales.

Tajante, el presidente de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de San Lázaro, Kamel Athie, retó a los que refutan la ley, a que digan dónde se menciona la palabra “privatización”.

“A mí me encantaría que esas personas me dijeran en cuál de los 268 artículos de la ley, en los 14 transitorios se está diciendo que se va a privatizar, o de manera encubierta, se está haciendo eso. Yo creo que eso nos ayudaría mucho a desenmascarar esa gran mentira nacional”, respecto a que se busca entregar por completo a los concesionarios el manejo y suministro del recurso hídrico, planteó.

Athie Flores recalcó que la discusión sobre la nueva Ley General de Aguas tiene aproximadamente dos años y su propósito es cumplir con la reforma constitucional de febrero del 2012, donde se reconoce el acceso al agua como un derecho humano.

Dijo que en México alrededor de 9 millones de personas de zonas urbanas, rurales y metropolitanas, se encuentran en condiciones críticas por la falta de agua.

Aseveró que la ley no pretende más que garantizar el acceso al recurso a todos los mexicanos y por ello se retomó el parámetro del mínimo vital marcado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), de dotar de al menos 50 litros de agua a cada persona.

Señaló que otro de los propósitos es que a mediano y largo plazo, los mexicanos tengan garantía de que no les faltará el agua, pues se contemplan mecanismos de planeación del recurso hídrico, los cuales incluyen fuentes alternas de suministro a fin de cubrir las necesidades de generaciones futuras.

Insistió en que la oposición ha abusado de un discurso “mentiroso” para difundir que se privatizará el agua, cuando la normatividad marca que ésta seguirá bajo la rectoría del Estado e incluso se le trata como asunto de seguridad nacional.

Lo anterior, porque “para nada” se modifican los artículos 27 y 115 constitucional, que habla de la propiedad del agua a favor de la Nación y de que los municipios deberán abastecer del recurso a sus habitantes, recalcó.

Tampoco se “toca” la Ley de Bienes Nacionales, que sería uno de los instrumentos a través de los que se pudiese introducir a la normatividad la señalada privatización, añadió.

En ese marco, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Jesús Reyes Heroles, dio la bienvenida a la discusión, tras aseverar que hace lustros que México requiere de una definición legal clara e integral en materia de agua.

Recalcó que en meses pasados se llevaron a cabo reuniones y mesas de diálogo para concretar una propuesta que adecue a las necesidades del país la administración del agua.

Destacó que la propuesta a discusión establece condiciones para garantizar el derecho humano del acceso al agua y considera la participación coordinada de los agentes que intervienen en dicho sector.

Al afirmar que el Consejo a su cargo está a favor de que el Estado garantice el acceso al agua a toda la población en condiciones sostenidas y de calidad, su uso sustentable, que se implementen esquemas de gestión de agua adecuados y la sociedad participe efectivamente en el diseño y ejecución de dicha política, Reyes Heroles refrendó que el dictamen presenta múltiples avances.

Enfatizó que la propuesta aclara las competencias de los tres ámbitos de gobierno en la administración del recurso, así como sus responsabilidades y funciones.

Agregó que integra un sistema de coordinación para el establecimiento de tarifas, lo que permitirá homologar criterios a nivel nacional y principios básicos para contar con cobros más efectivos y justos.

Aclaró que si bien la normatividad presenta elementos positivos, también es perfectible y puede tener ajustes, a fin de dar continuidad a las acciones en la materia, por lo que debería contemplar una visión de mediano y largo plazo.

Expuso que también le falta ofrecer certidumbre en las concesiones de agua y que los bancos de agua previstos sean regulados debidamente para que cumplan su propósito, plantear reglas para una administración eficiente en la materia.

Asimismo, será preciso detallar de manera más clara los incentivos para las empresas que realicen acciones de autorregulación a fin de ser más eficaces en el manejo del agua y definir la situación de las aguas costeras, entre otros elementos, argumentó. ys/m.