En la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política recibió una propuesta de punto de acuerdo de los integrantes de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), con carácter de urgente y obvia resolución, a fin de que la asamblea se pronuncie sobre el tema de la libertad de expresión.

En el contexto del conflicto entre la periodista Carmen Aristegui y la empresa MVS, el coordinador y vicecoordinador de la fracción de MORENA, Alfonso Durazo y Manuel Huerta, solicitaron que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) emita medidas cautelares.

Demandaron que garantice el derecho de las audiencias a recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la Nación, a través del programa noticioso que conduce Aristegui Flores.

Durazo Montaño y Huerta Ladrón de Guevara recalcaron que el despido de la comunicadora se debió al tema de la “casa blanca” y las relaciones del Ejecutivo Federal y el Grupo Higa.

La vicecoordinadora de contenidos de la bancada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar, expresó su respaldo a la moción, aunque la postura de la mayoría encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre la problemática en MVS, sea que se trata de un conflicto entre particulares y cualquier señalamiento merece un estudio detenido.

Refrendó su apoyo a la petición de que la Cámara pugne por el respeto a espacios informativos independientes a fin de mantener la libertad de expresión.

Aguilar Gil señaló que en el ámbito nacional e internacional “camina el fantasma” y el rumor de que la Presidencia de la República está endureciendo su política frente a los medios de comunicación y no tolerará que se divulgue “información incómoda” como la referente a la compra venta de las casas del Primer Mandatario, su esposa y el secretario de Hacienda, en las que está involucrado el contratista Juan Armando Hinojosa.

Ello es un signo inequívoco del autoritarismo que ha empleado el Gobierno Federal para tomar e imponer decisiones.

Si vuelve al país el control total de los medios de comunicación, dijo la congresista, se vivirá un “estado dictatorial” donde quienes “se rasgan las vestiduras” con temas como el Sistema Anticorrupción, en realidad están a favor del autoritarismo.

Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, se dijo convencido de que la voz de Carmen Aristegui es respetada y “necesaria” para la democracia mexicana.

“Estoy convencido de que Carmen Aristegui es una mujer, no solamente respetada, sino una voz necesaria, indispensable para la democracia mexicana. Desde el Partido Acción Nacional lo que esperamos es que muy pronto ella encuentre un espacio para que su voz se siga escuchando, porque su voz es saludable para la democracia en nuestro país”, planteó.

A su vez, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Alonso, subrayó que esa fuerza política es partidaria de la pluralidad y la diversidad en los medios de comunicación, así como del respeto irrestricto a la libertad de expresión.

“Nuestra posición es de solidaridad con Carmen, y desde luego de respaldo al litigio, a las acciones que emprenda en defensa del espacio que encabezaba, en el caso de la empresa MVS”, indicó.

En tanto, la todavía vicepresidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Aleida Alavez, se sumó al llamado a que el órgano parlamentario salga en defensa de los derechos a la libertad de expresión, de información y de que las audiencias reciban datos de interés público, mismos que fueron violentados en el caso Aristegui.

Alavez Ruiz recalcó que el derecho a la información tiene dos vertientes lógicas: la de comunicar los sucesos relevantes para la sociedad y la de acceder a información verídica, imparcial y objetiva.

Calificó el caso Aristegui como un “atentado a la libertad de expresión” y tras señalar que a su parecer intervino la presión del Gobierno Federal, la congresista de izquierda reiteró que la cámara debe pronunciarse contra cualquier ataque al libre ejercicio de la labor periodística y contra “el asedio” a concesionarios para que cierren “espacios críticos”.

Coincidió con los diputados del PT y MORENA que señalaron como factor primordial en el conflicto entre MVS y la periodista, la revelación del escándalo de conflicto de intereses entre la Presidencia y uno de los principales contratistas de la propia administración pública federal y dueño del Grupo Higa.

Al aseverar que el tema de la plataforma MexicoLeaks fue un “pretexto”, la perredista agregó que “estamos ante un caso de censura donde se ignora el derecho y exigencia de las audiencias sobre lo que de desean ver y escuchar en los medios de comunicación y que en este caso se han manifestado en las redes sociales y las calles”. ys/m.