MilenioDiario
12:56  |  22 - 03 - 2015
Pide PRD operativos contra abusos de jornaleros

 

 

El coordinador de los diputados del PRD en San Lázaro, Miguel Alonso Raya, demandó a la Secretaría del Trabajo y a la Procuraduría General de la República (PGR) poner en marcha operativos conjuntos para verificar las condiciones laborales de miles de jornaleros agrícolas en todo el país e impedir la violación de sus derechos humanos.

 

Pidió asimismo la participación de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dichas inspecciones.

 

Alonso Raya se refirió al reciente rescate de 200 indígenas tarahumaras que trabajaban en condiciones de explotación en campos agrícolas de Baja California Sur y exigió investigar el caso a fondo, así como sancionar con todo rigor a las empresas responsables de los abusos.

 

Detalló que la propia Secretaría del Trabajo señaló como probable responsable de los abusos a la empresa El Cerezo, con sede en Guanajuato, la cual es vinculada con la familia del ex presidente Vicente Fox y tiene ya antecedentes de sanción en dos ocasiones por irregularidades en las condiciones de trabajo.

 

Por ello, dijo, "hay que investigar y aclarar muy bien el asunto, pues si es así debe procederse a deslindar y fincar las responsabilidades que corresponden por parte de la Procuraduría General de la República y la Secretaría del Trabajo".

 

En un comunicado, el líder parlamentario del PRD lamentó la lentitud con que operan las dependencias responsables de velar por el cumplimiento de la ley, cuando diversos estudios dan cuenta de las violaciones de que son víctimas los jornaleros agrícolas, quienes no solo sufren abuso laboral, sino además carecen de protección social, de un salario, alimentación y vivienda digna.

 

Según dijo, casos como el de los 200 tarahumaras rescatados son un claro abuso de esquemas laborales como contratos laborales, contratos por horas o el outsourcing que fueron legalizados con la reforma laboral avalada por PRI, PAN y PVEM.

 

"La Cámara de Diputados está obligada a revisar la ley y a reformarla para cubrir las lagunas existentes para que cerrar los resquicios legales que son aprovechados por algunas empresas y a plantear además sanciones severas cuando se registren abusos de esta naturaleza", puntualizó.