Ahora los patrones no podrán obligar a sus trabajadores a firmar documentos en blanco que impliquen renuncia de derechos o impongan obligaciones.

En caso de que el trabajador sea obligado a la firma de documentos en blanco pueda acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo o ante las oficinas de la Inspección del Trabajo local o federal a denunciar el hecho, dentro de un plazo de 30 días a partir de la fecha de contratación.

Todo ello luego de que el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 299 votos, reformas a la Ley Federal del Trabajo para prohibir esta situación e incluso se considerarán documentos falsos aquellos que, a petición del patrón o de sus representantes, hayan sido firmados en blanco por el trabajador.