La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que pese a la implementación de la reforma financiera, los bancos e instituciones crediticias siguen cometiendo abusos en los métodos de cobranza.

Al respecto, el diputado Ernesto Sánchez propuso modificar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Lo anterior, para obligar a los bancos a que dejen de ofrecer servicios financieros no autorizados por los clientes, a que identifiquen plenamente a los despachos de cobranza que emplean, así como a ofrecer opciones de negociación y reestructuración de deudas a los cuentahabientes.

El legislador dijo que por ley, los despachos de cobranza deberán notificar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de sus actuaciones, aunado a que no podrán realizar diligencias si en el domicilio que visiten encuentran menores de edad, adultos mayores o personas que no sepan leer o escribir.

Agregó que su propuesta contempla otorgar más facultades a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de que sancionen a los bancos y despachos de cobranza que violen la ley.

Consideró que las disposiciones establecidas en la reforma financiera representaron un avance, pero la norma no es suficiente para terminar con los abusos de los bancos y los cobradores de dudas, por ello es necesario complementar la ley.

Señaló que si las reglas vigentes se cumplieran en sus términos y de manera correcta, sería posible erradicar anomalías como la acreditación falsa con órdenes judiciales, para embargar bienes.

Puntualizó que dejar en manos de los bancos e instituciones financieras la responsabilidad sobre los despachos de cobranza abre la puerta a los atropellos referidos.

Recordó que el 75 por ciento de las quejas presentadas ante la CONDUSEF, tienen que ver con cobros a cuentahabientes que no tenían deudas; el 18 por ciento por maltrato a los usuarios y 7 por ciento por cobros dobles.

Los cobros se realizan a través de cartas con amenazas, falsificación de órdenes de embargo y otros documentos judiciales, usurpación de puestos, estigmatización del deudor con notificaciones públicas sobre su condición y embargos extrajudiciales, abundó. ys/m.