El derecho al abasto de agua de las comunidades primero debe establecerse en el proyecto de Ley General de Aguas, antes que cualquier modificación a la misma, dijo la secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Graciela Saldaña Fraire.

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó cualquier posibilidad de "privatización" porque su acceso es un derecho enmarcado en el 4º constitucional.

"La ley está todavía latente en las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos; quizás pasado el proceso electoral (del 7 de junio) se retome en un periodo extraordinario".

Insistió en que realice una revisión profunda del proyecto de Ley General de Aguas, para que sea un marco normativo democrático.