La presidenta de la Comisión de Derechos de los Niños en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez, señaló que los gobiernos federal y estatales, deben implementar políticas públicas y programas para proteger de manera adecuada los derechos de la infancia y garantizar que las necesidades básicas de los hijos e hijas menores de 6 años, de mujeres en reclusión, serán cubiertas como marca la ley.

Al señalar que los hijos de mujeres en reclusión son frecuentemente víctimas de violación a sus derechos e incluso de abuso sexual, cuando son separados de sus madres y enviados a otros hogares, la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pidió tomar cartas en el asunto.

Señaló que en cualquier circunstancia y en especial cuando los hijos menores no están bajo el cuidado directo de su madre, es preciso cumplir con el principio del interés superior de la niñez e impulsar acciones y políticas que garanticen la integridad de los infantes, como integrar estancias infantiles en los centros de reclusión.

Juárez Piña agregó que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) también debe velar de manera efectiva por los derechos de los hijos de reclusas, que si no son canalizados a centros de asistencia social, son enviados con familiares cercanos.

Recordó que el número importante de mujeres en prisión, sea que tengan una sentencia o estén en proceso de recibirla, se duplicó en las últimas dos décadas, y gran parte de ellas o tiene hijos menores de 6 años o están embarazadas.

Al aclarar que los centros de reclusión no son ni serán el sitio más adecuado para que un infante pase sus primeros años de vida junto a su madre, indicó que en cuanto éstos cumplen 6 años, son enviados con otros familiares o personas cercanas a la familia, que en muchas ocasiones los someten a maltrato, así como a abusos físico y sexual.

Indicó que en 2013, había 11 mil 641 mujeres en reclusión, distribuidas en 2 centros federales y 10 centros de readaptación femeniles, y otros 68 centros con adaptaciones para su estancia. Agregó que en el país hay 420 centros penitenciarios, de los que 15 son federales, 11 están en el Distrito Federal, 303 están en distintos estados de la República y operan otros 91 centros a nivel municipal.

De las más de 11 mil 641 presas, 8 mil 552 están acusadas por delitos del fuero común y 3 mil 89 por asuntos de orden federal; aunado a ello, 5 mil 961 se encuentran en proceso penal, y 5 mil 680 ya tienen una sentencia.

Puntualizó que los principales delitos que se imputan a las mujeres en prisión son robo y contra la salud, lo que significa que no implican un riesgo ni peligro para la sociedad, y por lo tanto, dijo la congresista, deberían contar con opciones de readaptación y reinserción social, distintas al método carcelario.

En medio de dicha problemática, añadió la perredista, los hijos menores de las presas resultan ser víctimas de las circunstancias que afectan a sus madres.

Ante tal situación, propuso aplicar de manera integral la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; las normas en materia de readaptación social, así como los tratados y convenciones firmadas por el país, los cuales protegen el interés superior de la infancia.

“En atención al interés superior del niño, en particular, cuando se permita a las madres reclusas vivir con ellos en prisión, deberán tomarse disposiciones para organizar estancias infantiles con personal calificado que serán el lugar, donde estarán las niñas y los niños cuando no estén siendo atendidos por sus madres. (…) Niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral”, explicó. ys/m.