El diputado Antonio Cuéllar Steffan propuso aplicar multas de entre tres mil y 30 mil días de salario mínimo a distribuidores y comercializadores de videojuegos violentos.

Específicamente esas sanciones serían vigentes para quienes vendan o pongan a disposición de niños y adolescentes títulos o videojuegos clasificados para adultos o que inciten o promuevan la violencia o la apología del delito, de manera independiente de su clasificación.

En una iniciativa de modificaciones a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Cuéllar Steffan planteó que esos materiales representan un riesgo para el comportamiento, desarrollo mental, sano entendimiento y relaciones sociales de los menores “que por su estadio de desarrollo psicosocial se encuentran en una posición más vulnerable frente a esos contenidos”.

El legislador federal sostuvo que la actual legislación carece de garantías para evitar la venta de materiales que pueden menoscabar la integridad física y mental de niños y las niñas.

Hizo notar que en los últimos 20 años los videojuegos han proliferado de tal manera que millones de personas los utilizan para su entretenimiento.

Subrayó que de acuerdo con cifras de centros estadísticos de esas empresas durante 2013 en México 17.7 millones de personas recurrían a ese tipo de entretenimiento al menos una hora al día.

De ahí la importancia de establecer controles legales, regular su distribución e imponer sanciones, pues los establecimientos pueden evadir limitantes y poner a disposición del público infantil y adolescente títulos con temas de violencia o sexualmente explícitos.

El representante del Partido Verde indicó que en las leyes se deben identificar los factores que contribuyen a desequilibrar el sano desarrollo mental de la infancia, entre los que se encuentra la utilización de videojuegos no aptos para su entendimiento.

Remarcó que la exposición de los menores a esos contenidos es una agresión a su sano desarrollo psíquico y social, pues “no sólo presentan la transmisión de imágenes y sonidos a un sujeto pasivo, sino que demandan la interacción del jugador para que se concrete realmente el fin del producto”.

En la propuesta del diputado Antonio Cuéllar se plantea adicionar un artículo 68 Bis y reformar la fracción IV del artículo 148 de la citada legislación.

De esa manera se pretende que distribuidores y comercializadores de videojuegos no puedan vender o poner a disposición de niños, niñas y adolescentes aquellos títulos o juegos clasificados para adultos.

De igual forma cualquier contenido que incite o promueva la violencia o la apología del delito y afecte el desarrollo integral de niñas, niños o adolescentes./arm/m