Diputados y senadores del PAN, PRD y Nueva Alianza se pronunciaron porque los gobiernos locales y federal garanticen la libertad de expresión en México y la protección a periodistas y comunicadores.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, el perredista Julio César Moreno Rivera señaló que todos los niveles de gobierno están obligados a atender las situaciones de agresiones contra periodistas.

En un comunicado, consideró que la autocensura y el exilio de periodistas son temas en los que se debe poner cuidado especial, así como cumplir con capacitación de servidores públicos, a fin de fortalecer medidas preventivas de futuras agresiones a comunicadores.

Además, sostuvo, la próxima LXIII Legislatura deberá modernizar la legislación sobre libertad de expresión, para lo cual tendrá que basarse en recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En otro comunicado, la diputada federal Lucila Garfias Gutiérrez, de Nueva Alianza, advirtió que los recientes acontecimientos trágicos que han quitado la vida a profesionales de la información obligan a revisar los protocolos de protección a reporteros y periodistas.

“Los ataques a la prensa empañan el avance democrático que enaltece el derecho a la información, una mayor transparencia y rendición de cuentas, además de que entorpecen el trabajo contra la corrupción”.

En este sentido, subrayó que las autoridades deben garantizar el libre ejercicio de la información y velar por la seguridad de todos los mexicanos, no sólo para quienes ejercen el periodismo.

Por separado, en conferencia de prensa, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa Huerta, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas del múltiple asesinato ocurrido en la colonia Narvarte.

Además, exigió al Estado mexicano y a sus tres órdenes de gobierno que, para asuntos de violación a derechos humanos de periodistas, “se cumplan los principios: uno, del esclarecimiento de la verdad; dos del castigo a los responsables; tres, de la reparación del daño; y cuatro, de las garantías de no repetición” de casos de esa naturaleza.

Por otra parte, la senadora del PÁN, Mariana Gómez del Campo se pronunció porque la Procuraduría General de la República (PGR) inicie una investigación sobre los casos relacionados con la libertad de expresión en Veracruz. /gh/m