El vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Ojeda Anguiano, promoverá reformas para crear la figura de presupuesto democrático, a fin de que la ciudadanía pueda opinar a qué se destinaría al menos dos por ciento del gasto público.

Explicó que una vez que inicie la discusión en el pleno del proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejecutivo federal, la Cámara de Diputados sometería a consideración del pueblo dos por ciento del total del presupuesto.

Ello, a fin de que mediante votación electrónica se decida a qué programas sociales o de infraestructura se debería dar prioridad en el ejercicio fiscal de que se trate.

El legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) adelantó que presentará una iniciativa para reformar el Artículo 35, Fracción VIII, Numeral 3 y para adicionar un último párrafo al Artículo 74 de la Constitución Política, para crear la figura de presupuesto democrático.

Consideró que los ciudadanos y la sociedad en su conjunto necesitan herramientas jurídicas para participar e incidir en las decisiones de autoridad, así como limitar y controlar el poder público.

Ojeda Anguaiano dijo que es prioritario definir constitucionalmente la democracia participativa y deliberativa e incorporarla a la forma de gobierno del Estado mexicano.

Opinó que la democracia representativa está llegando a su límite por múltiples razones, entre ellas que es un sistema que no representa a muchos sectores relevantes de la sociedad; es, además, un sistema en donde los gobernantes y gobernados se encuentran cada vez más alejados entre sí.

De igual forma, mencionó, es un sistema que no ha servido para moderar el poder –de pesos y contrapesos– sino para que otros poderes al margen del Estado colonicen y privaticen las instituciones; “es un sistema que conduce a la parálisis y al vaciamiento de la democracia”.

Expresó que este déficit democrático de representación popular efectiva ha generado consecuencias serias como la falta de participación de la sociedad en los procesos electorales (altos índices de abstencionismo) y en la toma de decisiones políticas.

Lo anterior, abundó, nos conduce a admitir que la democracia representativa se ha consolidado a partir de una ciudadanía políticamente muy limitada, creándose una esfera burocrática y partidista que no toma en consideración dos elementos muy importantes de la misma, tanto lo social como lo económico.

Por lo anterior, subrayó, esa forma de democracia debería ser trascendida para que la sociedad, que es la base de las instituciones, sea reconocida como ser actuante de la vida pública.

Manifestó que es extraño que pese a la gran discusión a nivel mundial en materia de democracia participativa y su incorporación en una gran cantidad de países europeos y latinoamericanos, todavía no se incorpore en el marco normativo como ejercicio de su soberanía.

Además, explicó, aunque en la Constitución se reconoce que la soberanía nacional y que todo el poder público reside en el pueblo, es de observar que en el texto constitucional sólo norme el ejercicio indirecto de esta soberanía y poder por medio de representantes, y no en forma directa, mediante la participación del pueblo soberano. /gh/m