La Comisión de Asuntos Indígenas aprobó un dictamen para exhortar a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación a intensificar acciones de sensibilización de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

El presidente de esta instancia, Vitalico Cándido Coheto Martínez, dijo que al avalar este documento la comisión iniciará una serie de acciones que acompañarán al exhorto. Además, se impulsarán reuniones con titulares y funcionarios de las diversas dependencias a las que se les asignaron recursos en el PEF 2016, para atender a este sector.

El primer encuentro que sostendrán, subrayó, será con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, durante la cual el legislativo propondrá los lugares que considera de más urgencia para que se aplique el presupuesto aprobado para caminos rurales de poco más de 23 mil millones de pesos.

Miguel Ángel Sulub Caamal, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), consideró que será una tarea ardua lograr el cumplimiento de este exhorto ya que, “la totalidad de servidores públicos atiende a una población de más de 15 millones de indígenas en todo el país.

A su vez, el legislador panista Joaquín Jesús Díaz Mena precisó que la atención a este sector no es sólo por parte del gobierno federal, por lo que debe incluirse en este llamado a jueces y magistrados ya que en el sistema judicial es donde “más violaciones hay a sus derechos”.

La diputada Araceli Madrigal Sánchez, del PRD, expuso que, según datos de la Coneval, la pobreza en las zonas indígenas es 72 por ciento mayor al del resto de regiones y aumenta según las carencias y la etnia; por eso “los exhortos no deben ser sólo llamados a misa”, sostuvo.

“El 40 por ciento tiene carencia de vivienda y 50 por ciento de educación; hay más de ocho mil 300 indígenas en cárceles del país y el 44 por ciento piensa que no se respeta sus derechos”.

El priista Christian Joaquín Sánchez Sánchez consideró que el problema más severo es que a pesar de las reformas que se realizan, “la ley no pasa a la práctica”.

Indicó que al hablar de capacitación de servidores públicos, ésta debe enfocarse al aspecto de los magistrados. “Los indígenas encarcelados no conocen la existencia de beneficios que pueden ayudarles a obtener su libertad”.

Por su parte, el diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado, del Partido Verde, se congratuló por el incremento conseguido para la atención del sector indígena mexicano.

Victoriano Wences Real, diputado del PRD, exigió que sea una obligación de los servidores públicos de los tres niveles de gobierno el sensibilizarse en la atención de estos núcleos poblacionales, ya que son los que más sufren en los temas de salud, educación y acceso a la justicia, entre otros. /gh/m