El legislador federal José Bernardo Quezada Salas planteó la necesidad de reformar la ley para que se investigue, persiga y, en su caso, sancione de manera efectiva a quienes incurran en el delito de piratería en todas sus modalidades.

El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados expuso que ese acto ilícito representa un negocio millonario que no sólo afecta a la economía nacional, sino también al desarrollo científico y tecnológico del país.

Adelantó que para coadyuvar a abatir esa actividad propondrá reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de que se incluyan en la normatividad los delitos en materia de falsificación de marcas protegidas, previstos en la Ley de la Propiedad Industrial.

Quezada Salas explicó que de acuerdo con la Ley de Propiedad Industrial, falsificar en forma dolosa y con fin de especulación comercial, marcas protegidas; producir, almacenar, transportar, introducir al país, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin de especulación comercial, objetos que ostenten falsificaciones de marcas protegidas por la ley, son actividades consideradas delitos.

El diputado federal comentó que anteriormente esos delitos eran considerados graves en el Código Federal de Procedimientos Penales.

Sin embargo, con la expedición del Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y la reforma integral al Sistema Penal, los delitos de falsificación previstos en la Ley de Propiedad Industrial no se contemplan.

“Eso significa que en la investigación, persecución y sanción de esas actividades delictivas no es posible decretar las medidas de arraigo y prisión preventiva de los presuntos indiciados, aun cuando esas conductas son de gran impacto para la economía nacional y por lo general, son cometidos por organizaciones bien estructuradas”, subrayó.

El representante de Nueva Alianza planteó que a pesar de que se ha buscado endurecer las sanciones contra esa actividad, México ocupa el sexto lugar en materia de piratería entre los países miembros de la Organización para el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, de acuerdo con un estudio de Centro de Investigación para el Desarrollo, en 2014 el consumo de piratería costó al país más 43 mil millones de pesos, 28 por ciento más que todo el presupuesto destinado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 34 veces más el presupuesto anual del Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual.

“Por lo anterior consideramos necesario fortalecer el marco jurídico a fin de detener esa situación que perjudica no sólo a la industria, sino sobre todo a las y a los creadores”, remarcó Quezada Salas. ys/m.