En la Cámara de Diputados, las fracciones parlamentarias del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano (MC) cumplieron el propósito de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en particular lo referente al llamado “3de3”, es decir, la presentación de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales.

Al filo del cumplimiento del plazo para presentar la acción de inconstitucionalidad, el cual se vence este miércoles 17 de agosto, integrantes de esas bancadas lograron conjuntar las firmas de 2016 congresistas, suficientes para ejercer ese derecho.

Al respecto, el coordinador parlamentario del Sol Azteca, Francisco Martínez, señaló que el objetivo es que la Corte determine si la norma es constitucional, o bien, como considera la oposición en el Congreso de la Unión, viola el derecho al acceso a la información y promueve la opacidad.

Martínez Neri explicó que de acuerdo a la oposición en el Congreso, el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades, relativo a la publicidad del contenido de las declaraciones de los funcionarios públicos y los formatos para dar cuenta de dicha información, se quedó corto; aunado a que el Presidente de la República no lo quiso observar.

“Que era necesario, es necesario presentar una acción de inconstitucionalidad porque resulta insuficiente, esa es la tesis central, es insuficiente la reforma, mejor dicho la aprobación de la ley, porque quedaron fuera algunos aspectos que tienen sobre todo qué ver, y ese es el meollo del asunto, con la transparencia que debe haber por parte de personas distintas del gobierno. Ese es el meollo del asunto, que tanto los privados como los servidores públicos tengan obligación de presentar el 3de3”, apuntó.

El congresista insistió en que la ley referida tampoco definió los términos de los “formatos” a utilizar por los servidores públicos para presentar sus declaraciones fiscales patrimoniales y de intereses, por lo que es preciso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie al respecto.

“De alguna manera ya no se integraron los formatos, es decir, los formatos no se van a integrar conforme era la intención de la 3de3 original, entonces también es parte de la impugnación y que sea obligatoria para públicos y para privados”, insistió.

El recurso legal señala, abundó el coordinador del PRD, que la ley en cuestión no garantiza la máxima publicidad en las declaraciones de los servidores públicos, lo que no abona a la transparencia e impide en cierta medida la rendición de cuentas.

Indicó que en los términos que quedó el ordenamiento, violenta el derecho al acceso a la información pública, incumple con el principio de la máxima transparencia y con el sentido de progresividad que debe tener el acceso a datos públicos.

Asimismo, expuso, falla en el cumplimiento de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el uso del erario, así como la integridad de los funcionarios públicos y su derecho a la seguridad jurídica.

Manifestó que la petición expresa es declarar como no válidos los artículos 29, 34 y 48 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; asimismo, se impugna un párrafo del artículo tercero transitorio de la ley en comento. ys/m.