En la Cámara de Diputados, legisladoras de izquierda e integrantes de la Comisión especial del caso Ayotzinapa, señalaron que la renuncia de Tomás Zerón a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), y su inmediato nombramiento como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), no lo exime de las responsabilidades en que incurrió al manipular información sobre lo ocurrido a los 43 normalistas.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián; así como la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Cristina Gaytán coincidieron en que Zerón de Lucio no debía recibir un nuevo nombramiento, sino ser sancionado por su conducta irregular.

Incluso, la diputada Gaytán Hernández advirtió que la sociedad no pasará por alto dichos sucesos y dejará en claro que para el funcionario no puede haber “ni perdón ni olvido”.

Recriminó que hayan tenido que pasar muchos meses para que el funcionario renunciara al cargo y de ningún modo se esperaba que fuera reubicado en otro sitio dentro del equipo de gobierno federal.

“Tenemos una severa duda sobre su actuación durante estos acontecimientos, me parece que está bien la renuncia, que no teníamos que esperar a que él les pudiera renunciar, sino que la procuradora debió habérsela exigido. Yo lo que diría es que no se equivoque el señor Zerón: su renuncia no significa ni perdón ni olvido, vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, refrendó.

La legisladora perredista señaló que el funcionario debe ser investigado a fondo y procesado por los delitos de encubrimiento, manipulación de la escena de un crimen y ocultamiento de información, pues aún se desconoce a ciencia cierta qué hacía en la zona del basurero de Cocula, un día antes de que se hubiesen localizado los presuntos restos de los normalistas

Planteó que el PRD pugnará por la vía legislativa y si es necesario, a través de los mecanismos legales que haya a lugar, para que el nuevo secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad sea sometido a juicio, al igual que sus “encubridores”.

Por su parte, la diputada Damián González insistió en que el reacomodo de Zerón en el equipo del presidente de la República no lo libra de culpas.

“Eso no lo exime de la responsabilidad que tuvo en la manipulación de la información y es muy grave que la PGR dejará sin investigar lo que este funcionario realizó porque cada vez está cayendo la verdad histórica más. Lo vemos como puesta en escena, entonces sí tienen que fincarse las responsabilidades, hay elementos para hacerlo, es una cuestión de voluntad política y creo que no la tiene el gobierno federal”, advirtió.

Tras aseverar que la llamada “verdad histórica” es “insostenible”, “está en los suelos” y es necesario recomponer las líneas de investigación, manifestó que la salida del titular de la AIC podría haber servido para desechar la versión oficial vigente y corregir el rumbo, si es que el gobierno federal tuviese un compromiso real para esclarecer el caso.

De ser así, agregó, los responsables de la fallida “verdad histórica” tendrían que ser sancionados, comenzando por el ex procurador Jesús Murillo y el propio Zerón de Lucio, pero seguramente eso no ocurrirá porque hasta el momento, la tónica ha sido la del encubrimiento, recriminó.

“No es posible que el señor haya renunciado, se le tenía que haber corrido porque hizo un muy mal papel en este caso que es tan relevante. Eso significaría que se finquen responsabilidades contra Zerón, Murillo Karam. Finalmente el gobierno de Peña Nieto ha sido un gobierno que está encubriendo a varios de los que ya han obstaculizado las investigaciones, que han falseado la información, y que han dado versiones equivocadas”, manifestó.

“Porque si se presenta esto como una renuncia del propio Zerón y no como un acto que el propio Gobierno Federal realiza, separar del cargo a Zerón, lo van a proteger”, alertó.

Agregó que en un primer momento, se pensó que la separación del cargo del funcionario pudo haber tenido como fin atender la exigencia de los padres de los 43 estudiantes, su destitución, así como generar condiciones para la puesta en marcha del nuevo mecanismo de seguimiento a lo sucedido en septiembre del 2014, anunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

No obstante, la determinación de darle un cargo más dentro del gabinete de seguridad, muestra que no hay un interés real de resolver el caso, lamentó la diputada de Morena. ys/m.