Oscar Mario Beteta, conductor: Vamos al análisis que hace en este espacio la licenciada Carolina Viggiano.

Carolina Viggiano, colaboradora: Buenos días Oscar Mario. ¿Usted ha sido parte alguna vez, de un juicio laboral como trabajador o como patrón? Si la respuesta es sí seguramente tuvo que enfrentarse a un proceso burocrático que cuando menos tardó dos años sin que las partes hayan quedado totalmente satisfechas.

A quien más afecta esta situación es a los trabajadores, porque serían obligados a gastar dinero que no tienen, a buscar otro trabajo aun cuando podrían ser reinstalados, y en muchas ocasiones prefieren no demandar porque saben que les espera un camino tardado y burocrático.

Por otro lado, las grandes empresas se ven desalentadas para establecerse en México debido a la pérdida de tiempo y dinero que significa desahogar un juicio laboral, todos ellos hace necesario contar con una nueva instancia de impartición de justicia más eficaz que resuelva de manera atinada y en poco este tipo de asuntos.

Durante enero y febrero del 2015 el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, a solicitud del Presidente Enrique Peña Nieto, organizó distintos foros de consulta en materia de justicia cotidiana, con juristas académicos y representantes de la sociedad civil, el objetivo elaborar propuestas y recomendaciones para hacer más amplio, eficaz y equitativo el acceso a la justicia en México.

Estos foros evidenciaron graves deficiencias en la justicia laboral, falta de modernización y agilización de los procedimientos, carencia de un órganos que vigile el cumplimiento de las resoluciones, falta de profesionalización del personal de las juntas y tribunales, desaprovechamiento de la conciliación y la solución antes de juicio, así como prácticas de corrupción que dificultan el acceso a los derechos laborales en México.

Derivado de este gran esfuerzo entre gobierno y sociedad civil, el Presidente Peña Nieto envió al Congreso una reforma constitucional en materia de justicia laboral que, entre otras cosas, consiste en desaparecer a las Juntas Conciliación y Arbitraje, para que sean los jueces y magistrados del Poder Judicial quienes resuelvan las controversias de los trabajadores tanto a nivel federal como en las entidades federativas.

Se trata de que las partes en conflicto solucionen sus diferencias de forma amigable con la intervención de un experto. Duración: 02’ 42” bmj/m