Con la Ley General de Protección de Datos Personales cualquier ciudadano podrá estar seguro de que su información particular será utilizada y cuidada bajo las mismas reglas en cualquier parte del país, afirmaron especialistas.

El presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, Rogerio Castro Vázquez, llamó a fortalecer el Sistema Nacional de Transparencia e incluir en la minuta con proyecto de decreto por la que se expide dicha Ley temas que garanticen además los derechos humanos previstos en la Constitución.

En el foro "Protección de datos en posesión de sujetos obligados", el legislador de Morena recordó que en el segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de transparencia de 2014, se mandató al Congreso de la Unión expedir y reformar diversas leyes.

Entre ellas, precisó, las leyes generales de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y la de Archivos, así como la federal de Datos Personales en posesión de los particulares.

Explicó que en el foro busca discutir y analizar esa minuta con proyecto de decreto, a fin de proporcionar elementos que nutran el proceso de dictaminación de lleva la Comisión a su cargo.

Consideró necesario revisar la minuta y procurar cambios para fortalecerla y garantizar el derecho a la protección de los datos personales y de la información, "porque vemos en ella muchas confusiones" en cuanto a privacidad, libertad de expresión y en materia de información histórica.

El legislador del PRI, Hugo Daniel Gaeta Esparza, aseveró por su parte que los avances de interconectividad tecnológica han facilitado en la vida diaria el uso de los datos en mayor control.

Por ello, apuntó, este andamiaje social no debe quedar sólo como un instrumento de política gubernamental, sino contemplar acciones para que, con toda la fuerza del Estado, salvaguarde el derecho de los mexicanos de protegerlos.

Es fundamental plasmar que la protección de datos es un derecho autónomo de los humanos, pero no se pueden visualizar a estas garantías sin salvaguardar la información personal, enfatizó.

A su vez, el diputado por el Partido Encuentro Social, José Alfredo Ferreiro Velazco, opinó que "no debería haber información reservada y todo aquel que recibe recursos públicos debe transparentarlos".

En tanto, el coordinador de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Luis Gustavo Parra Noriega, indicó que esta minuta abre paso a la expedición del primer ordenamiento mexicano a nivel nacional que fija estas bases del ejercicio y tutela del derecho fundamental en el ámbito público.

Con esta ley, resaltó, cualquier persona podrá estar segura que sus datos personales serán utilizados y cuidados bajo las mismas reglas en cualquier parte del país, además de solicitar a cualquier autoridad local o municipal los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de sus datos personales.

También podrá denunciar ante el INAI y en los organismos garantes estatales, según corresponda, el uso indebido de los datos personales, confiar en que estos serán comunicados con su autorización y conforme las reglas establecidas en la ley, abundó.

Mientras, la directora Ejecutiva de la Red por la Rendición de Cuentas, Liliana Veloz Márquez, comentó que una de las mayores preocupaciones en la minuta es que en las disposiciones generales no está plasmado el matiz que hay entre la información de interés público y la que permite el seguimiento, tratamiento y garantía del principio constitucional de máxima publicidad.

Planteó que si no queda clara la garantía de que la información de interés público sea abierta a todos y los archivos históricos no estén a disposición de investigadores, periodistas y de la gente, se corre el riesgo de que se pierda la memoria y complicar el combate a la corrupción.

Para el director ejecutivo de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, Luis Fernando García Muñoz, todas las vulneraciones de seguridad deben ser reportadas al INAI para que determine su procedencia y se notifique del caso.

De acuerdo con Melany Olivares Becerril, de Transparencia Mexicana, "es necesario generar un test de proporcionalidad, a fin de tener elementos y mecanismos más fundamentados" y delimitar los derechos de un funcionario.

"Hay que garantizar el derecho a la información de los ciudadanos, pero cuidar la difusión de datos personales", puntualizó. Rrg/m