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14:33  |  14 - 12 - 2016
Diputados aprueban reformas para restringir presencia de pederastas

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma el Código Penal Federal para prohibir a los traficantes de menores o pederastas que salieron de prisión acudan a lugares donde se reúnan niños, niñas y adolescentes.

 

Con 378 votos a favor y dos abstenciones, los legisladores aprobaron también la creación del Registro de Personas con Sentencia Firme y la inscripción al mismo, como medida de seguridad y sanción a quienes no tengan permitido acercarse a determinado lugar.

 

De igual manera, avalaron la publicación especial de sentencia por la comisión de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual (violación, abuso sexual, estupro, incesto y hostigamiento sexual).

 

El dictamen surgió de dos iniciativas que presentó la diputada Martha Cristina Jiménez Márquez para reformar los artículos 24 y 366 Ter del Código, así como para adicionar el Artículo 209 Quáter, y que después de ser avaladas por el pleno se turnaron al Senado para su análisis y eventual ratificación.

 

De acuerdo con el texto, la reforma al precepto 336 Ter consiste en que a quienes cometan el delito de tráfico de menores de edad, se les podrá imponer, después de que salgan de prisión, hasta un periodo igual al de la sentencia, la prohibición de acudir a sitios donde se reúnan niños, niñas y adolescentes.

 

Indica que en el nuevo artículo 209 Quáter se señala que se aplicará la misma restricción a quienes cometan el delito de pederastia y a quienes abusen sexualmente de personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho.

 

En cuanto a la inscripción al Registro de Personas con Sentencia Firme, se aprobó en la reforma al Artículo 24 que este documento sólo podrá ser consultado en términos de la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública.

 

En el Artículo Segundo Transitorio, abunda, se indica que dicho registro estará a cargo del Centro Nacional de Información, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que deberá ser creado en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor del decreto.

 

En su exposición de motivos, la diputada dijo que el Registro de Personas con Sentencia Firme tiene como objetivos difundir la medida de seguridad para denunciar su posible incumplimiento y proteger la integridad física y psicosexual de las personas ante una eventual reincidencia por parte del sentenciado.

 

Al fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el diputado Alvaro Ibarra Hinojosa, afirmó que el proyecto de la minuta reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas, así como el que reforma los artículos 24 y 366 Ter y se adiciona el 209 Quáter al Código Penal Federal.

 

El objetivo de actualizar la legislación es permitir a las víctimas acceder a las medidas de apoyo y reparación de manera inmediata, estableciendo una estructura orgánica funcional para ello, subrayó.

 

Comentó que se establecen las reglas de coordinación entre la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los estados para brindar mayores posibilidades de reparación de daño a las víctimas y de apoyo en temas como alimentación, transporte de emergencia y alojamiento transitorio.

 

También, añadió, crea una nueva estructura orgánica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desapareciendo todos los comités, excepto el encargado en los proyectos de reparación, a fin de continuar con la investigación y la generación de política pública en la materia.

 

Se garantiza el interés superior a la niñez, así como los derechos de las víctimas, se establece que puede contar de manera inmediata y prioritaria con atención médica y psicológica, trabajo social y demás que se consideren necesarias, enfatizó el legislador.

 

Refirió que más de 26 mil niños de entre 10 y 13 años manifestaron haber sufrido o sufrir violencia sexual en su casa, y más de 29 mil señalaron haber sufrido agresiones sexuales en la escuela.

 

Los temas de atención a víctimas y de protección a los menores no son temas políticos, sino de alto interés social que debemos atender y procurar, puntualizó./gh/m