La Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que el Ministerio Público ordenará la aplicación de medidas de protección a víctimas menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

La instrucción será de manera oficiosa o a petición de parte y la aplicación de las medidas de protección se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, de acuerdo con los protocolos que para tal efecto se emitan.

El proyecto de ley avalado con 392 votos a favor y una abstención, el cual se turnó al Senado para sus efectos constitucionales, surge de una iniciativa de los diputados priistas María Gloria Hernández Madrid y Jorge Carlos Ramírez Marín.

Con ello se modifica el primer párrafo del Artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a las medidas de protección.

Se establece que el Ministerio Público ordenará aplicar medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente contra la seguridad de la víctima u ofendido.

De igual forma cuando la víctima sea niña, niño o adolescente, persona con discapacidad o adulto mayor. La autoridad correspondiente otorgará la medida de protección de manera oficiosa, aunque también podrá ser solicitada a petición de parte.

“En ambos casos se otorgará de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario de acuerdo con los protocolos que al efecto se emitan” y posteriormente establece cuales son las medidas de protección.

En el documento se señala que en México hay 40 millones de niños, niñas y adolescentes. Entre 55 por ciento y 62 por ciento de los adolescentes de nivel secundaria señalan haber sufrido alguna forma de maltrato en algún momento de su vida.

Según el documento en 13 millones de familias los niños crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres.

De acuerdo con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia los principales responsables del maltrato suelen ser, en ese orden: la madre, el padre, ambos padres, padrastro, madrastra, tíos y abuelos.

Al fundamentar el dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, el diputado Álvaro Ibarra Hinojosa mencionó que la reforma constitucional de 2011 a favor de los derechos humanos ha significado una profunda transformación del marco jurídico.

Expuso que a partir de esa reforma la Constitución Política reconoce los derechos humanos a todas las personas sin importar su origen, sexo, edad, pertenencia a algún grupo étnico, religión, condición social, económica o cultural.

Sin embargo, como define la Ley General de Desarrollo Social, existen núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impide alcanzar mejores niveles de vida. /gh/m