Las autoridades federales y estatales deben implementar una estrategia que permita a los migrantes incorporarse a la vida productiva del país, con oportunidades de empleo, educación, salud y desarrollo, planteó el secretario de la Comisión de Economía en la Cámara de Diputados, Carlos Lomelí Bolaños.

Ante la posibilidad de deportaciones de mexicanos en Estados Unidos, dijo que es fundamental que los legisladores acudan a las “ciudades santuario” para brindar su apoyo a las autoridades locales y establecer un frente común en defensa de los derechos de los migrantes.

En entrevista, consideró urgente que no sólo se destinen recursos a la red consular de México en Estados Unidos, como ya se anunció, sino que los poderes Legislativo y Ejecutivo busquen contacto con los gobernadores y alcaldes de las “ciudades santuario”.

El diputado de Movimiento Ciudadano recomendó contratar despachos jurídicos que desarrollen estrategias de litigio en contra de las deportaciones, como ya se ha hecho en el pasado.

El también secretario de la Comisión de Desarrollo Social afirmó que es momento de demostrarle a los connacionales que tienen un gobierno que los defiende y protege.

A su vez, el diputado Gonzalo Guízar Valladares, informó que presentó una iniciativa para expedir una ley para crear el Fondo de Migralidad, para mejorar la calidad de vida de los migrantes, consolidar y ampliar programas de retorno voluntario, promover políticas públicas encaminadas a su atención y generar opciones de autoempleo y mejora de vivienda.

El presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados explicó que su propuesta establece que el fondo sería administrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ejecutado por el Poder Ejecutivo de las entidades federativas.

Lo anterior, apuntó, por conducto del Consejo Estatal de Apoyo al Migrante, que se instituirá de conformidad con la norma mencionada.

Es una realidad que nos obliga a atender de manera específica y contar con un presupuesto para defender a los migrantes y que los estados y municipios fronterizos tengan fondos adicionales a sus gastos ordinarios, puntualizó. /gh/m