El Pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad a la reforma en materia de Justicia Laboral, avalada por 17 Congresos locales, cuyos votos fueron recibidos por el Congreso de la Unión.

El presidente de la Mesa Directiva, el panista Javier Bolaños Aguilar, después de conocer los votos de los congresos locales que avalaron dicha minuta, emitió el decreto de declaratoria, para lo cual pidió que los presentes se pusieran de pie.

Al declarar reformados los artículos 107 y 123 de la Constitución Política mexicana, la minuta se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Los 17 congresos locales que emitieron su voto aprobatorio fueron: Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.

Con esta reforma a la Constitución se tendrá una justicia objetiva, así como más pronta y expedita, pues se sustituye a las juntas de conciliación y arbitraje.

Es decir, transfiere la impartición de justicia laboral y la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones a los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas en el ámbito local y federal.

Además, crea un organismo federal descentralizado de conciliación, con autonomía de gestión y presupuestal, con facultades en el orden nacional para el registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.

El organismo encargado de los procesos en materia laboral contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Para la designación del titular de este organismo descentralizado, el Ejecutivo federal someterá una terna a consideración del Senado.

También establece que a nivel local los organismos constituidos contarán con funciones conciliatorias, y será requisito que pase por estas instancias cualquier acción con el órgano jurisdiccional.

Se garantizará el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la elección de sus dirigentes, la resolución de conflictos entre sindicatos y la solicitud de la celebración de un contrato colectivo de trabajo.

En los posicionamientos de los diputados sobre esta declaratoria coincidieron en destacar los beneficios; la priista Ana Georgina Zapata Lucero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, puntualizó que el próximo reto será legislar sobre las leyes secundarias que reglamentarán dicha reforma. rrg/m