El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, manifestó el categórico rechazo de su bancada al proyecto de Ley de Seguridad Interior que, a su juicio, intensifica y legaliza el uso de la fuerza militar en seguridad pública.

Subrayó que la fracción perredista en el Palacio de San Lázaro impulsará, en cambio, las reformas constitucionales en materia de mando mixto policial.

"El PRD seguirá pugnando por la profesionalización policiaca, así como el reforzamiento de las instituciones de seguridad pública, a fin de retirar paulatinamente al Ejército de las calles", puntualizó.

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados prevé citar a sus integrantes a discutir y votar el dictamen de la Ley de Seguridad Interior el próximo martes, por lo que diputados de los grupos parlamentarios de las izquierdas alistan sus posicionamientos en contra.

Martínez Neri reafirmó que los legisladores perredistas votarán contra la referida ley y presentarán diversos recursos parlamentarios para combatirla, incluido un voto particular para su consideración en el pleno.

Sostuvo que las iniciativas a discusión no representan una ruta de salida para el problema, sino que "le dan carácter permanente, ya que, en lugar de reducir el uso de la fuerza militar, la incrementan y legalizan".

"El PRD rechaza categóricamente que el PRI y sus aliados frenen la discusión de temas de fondo, como es el mando mixto, y busquen avalar la Ley de Seguridad Interior, un marco jurídico que, en vez de ayudar, complicará aún más la de por sí difícil situación que ya vive México", dijo.

El legislador oaxaqueño lamentó, en ese contexto, que diez años de participación del Ejército en el combate al crimen organizado no hayan sido suficientes para contener la violencia y, por el contrario, en algunas zonas se ha incrementado, según diversos estudios

Subrayó además que, de 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha recibido más de 9 mil denuncias, de las cuales mil 700 corresponden a la presente administración.

"Está claro que la instrumentación de una política de seguridad que prioriza la punición y la militarización, y que en su momento declaró la guerra al narcotráfico, es a todas luces errónea, pues sólo ha generado más violencia y una grave afectación de los derechos humanos en todo el territorio nacional", insistió el coordinador perredista. /jpc/m