Angélica Melín Campos, reportera: La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propondrá dar celeridad a la aprobación del dictamen aprobado en comisiones, que autoriza la donación “tácita” de órganos.

Con ello, los mexicanos se convertirán en automático en donadores en cuanto fallezcan, a menos que hayan manifestado por la vía legal y expresa, la negativa a que sus órganos sean utilizados en otros sujetos, por razones religiosas o de origen indígena, anunció el presidente de ese órgano de gobierno en San Lázaro, Marko Cortés.

“Recuerden ustedes que hay 30 mil personas esperando una donación de un órgano, requerimos actualizar nuestra legislación para que entonces todos los mexicanos, con reserva de aquellos que por religión o por su pueblo de origen, si fuera éste una comunidad indígena, quedarían excluidos, pero todos los demás, ya seriamos donatarios de órganos cuando perdiéramos la vida a menos de que manifestáramos previamente lo contrario”, dijo.

El también coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara, indicó que por acuerdo mayoritario, los diputados también darán trámite de primera lectura, es decir, pondrán en la ruta de aprobación, el dictamen sobre el incremento de 4 a 5 los integrantes de la Sección Instructora, órgano que se encarga de atender las solicitudes de desafuero.

Enfatizó que hasta el momento, la conformación de la Sección Instructora incluye solo a cuatro miembros, dos de los cuales forman parte de la bancada mayoritaria, la del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo que genera empates en la resolución de solicitudes de desafuero.

Tal y como ocurrió en el caso de los diputados federales del PRI, Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, ambos vinculados a irregularidades cometidas durante la administración del ahora ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte.

Asimismo, se dará trámite de “primera lectura” al dictamen relativo al tamiz oftálmico; y al proyecto que reforma la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de imponer sanciones más severas contra funcionarios que incumplan sus obligaciones. dlp/m