El diputado federal del PRD Rafael Hernández Soriano afirmó que la Ley General de Comunicación Social aprobada el 26 de abril por el Senado es imperfecta, ya que ignoró a las radios comunitarias y medios estatales, requiere de un consejo ciudadano que supervise su buena ejecución y está confeccionada para perpetuar la discrecionalidad del Ejecutivo federal para ejercer el gasto público.

El secretario de la Comisión de Gobernación sostuvo que uno de los temas pendientes es que dicha legislación debe tener topes para ejercer el gasto de propaganda gubernamental y no suceda lo que ahora, en donde a pesar de tener aprobados mil 500 millones de pesos se gastan 10 mil millones, abundó.

Insistió en la urgencia de que la Ley General de Comunicación Social contemple sanciones para los funcionarios que la violen y se pronunció porque la Auditoría Superior de la Federación le dé seguimiento en tiempo real al gasto de propaganda gubernamental, y que no sea la propia Secretaría de Gobernación quien se supervise a sí misma.

Rafael Hernández indicó que la ruta para corregir las deficiencias es abrir espacios para escuchar a las voces que fueron ignoradas. /jpc/m