El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, propuso modificar el Código Penal Federal para sancionar el delito de construcción, edificación, realización de obras y asentamientos humanos en zonas de riesgo, como medida de protección ante sismos similares al de 19 septiembre, donde hubo pérdidas humanas y materiales invaluables e incalculables.

La iniciativa que presentó la diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, señala que la adición al artículo 420 del Código Penal Federal, plantea imponer de dos a 10 años de prisión, y de 300 a tres mil días de multa, a quien autorice, ordene, construya, edifique o realice obras de infraestructura y asentamientos humanos en reserva ecológica o zonas no aptas, conforme al análisis de riesgo realizado por la autoridad competente.

Asimismo busca sancionar a quien lleve a cabo acciones sin la autorización de impacto y riesgo ambiental, análisis de riesgo o no cumpla las medidas técnicas, correctivas, de prevención o de seguridad necesarias para evitar el daño, y a quien asiente datos falsos en documentos con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad federal.

“Se impondrán las mismas penas, además de la privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años, al servidor púbico que, en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita o autorice cualesquiera de las acciones señaladas”, se lee en el documento.

Herrera Anzaldo destacó que es primordial proteger y garantizar el derecho a la vida, seguridad e integridad, reduciendo los asentamientos humanos irregulares, edificaciones e instalaciones de todo tipo de servicios en zonas que son propensas a amenazas o riesgos naturales.

“Actualmente sólo nueve estados de la República tienen una tipificación de alguno de estos supuestos y sólo 165 de los casi 2 mil 500 municipios, cuentan con un reglamento de construcción como lo informó el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres este 19 de septiembre”, precisó.

La priísta comentó que esta adición legislativa, también puede generar un gran cambio de atención gubernamental y mejor destino presupuestario en favor de la población, ya que actualmente se autorizan más recursos para el Fondo de Desastres Naturales (6 mil 8 millones 472 mil 100 pesos), que para el Fondo para Prevención (346 millones 587 mil 453 pesos), con una diferencia de 5 mil 661 millones 884 mil 647 pesos.

“La ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad matan y la atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil, son materias que “nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos”, apuntó. /psg/m