Mariana Rodríguez, diputada del PRI, impulsa modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de fortalecer los derechos de los imputados, como el de una defensa adecuada.

Ello, con el fin de que el abogado defensor pueda solicitar la presentación de testigos, documentos, objetos o informes que permitan probar la inocencia del imputado, aun cuando se encuentren en poder de un tercero y éste se niegue a proporcionarlos de manera voluntaria.

La legisladora por el estado de Tamaulipas destacó que la importancia de esta propuesta se centra en que establece recursos que fortalecen la obtención de datos y medios de prueba para la conformación de una defensa adecuada, que habrá de generar un equilibrio entre las partes del procedimiento.

Rodríguez Mier y Terán recordó que actualmente el Ministerio Público cuenta con todos los recursos del Estado para allegarse de la información que requiere para realizar la investigación; tiene a su alcance recursos para solicitar informes, documentos, datos y testigos, etcétera, pero los abogados defensores no tienen las mismas facilidades para ello.

"Si bien tienen acceso a la carpeta de investigación, no existen los mecanismos necesarios para requerir información que pudiera servir como dato de prueba y que permita defender la inocencia de la persona imputada", detalló.

Dentro de su propuesta para modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales, la diputada priista incluye sustituir el término "Tribunal de Enjuiciamiento" por "órgano jurisdiccional", con el fin de evitar confusión sobre la posibilidad de producir pruebas en etapas preliminares o previas a juicio, para efecto de demostrar la pretensión del oferente.

Además, plantea cambiar el término "hechos de la acusación" por "hechos en controversia", a fin de atender al principio de contradicción que rige el desahogo de las pruebas en audiencia.

La legisladora priista propuso cambios para que los documentos públicos sean considerados como auténticos y sólo, en caso de controversia, se podrá solicitar cotejo, con lo que se busca garantizar la presentación de elementos de prueba ante el órgano jurisdiccional. /jpc/m