El Senado de la República devolverá a la Cámara de Diputados la minuta en materia de extinción de dominio al aprobar modificaciones al documento, que será discutido la próxima semana.

Durante la sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Estudios Legislativos Segunda, se aprobó por unanimidad hacerle algunas modificaciones al documento enviado por la Cámara de Diputados, aunque persisten discrepancias en varios temas.

Durante la discusión, el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, advirtió que la extinción de dominio es un mecanismo muy útil para combatir la delincuencia organizada, pero en México ha tenido alcances limitados.

De los 50 mil millones de dólares que se estima maneja la delincuencia organizada, en los últimos seis años las autoridades sólo han logrado recuperar 17 millones de dólares, debido a que el procedimiento es largo y complicado.

En ese sentido, propuso apegarse a la Ley Modelo de la Organización de las Naciones Unidas, que incluye la retrospectividad, la imprescriptibilidad y la separación entre las vías civil y penal, dejando que el acusado demuestre el origen lícito de sus bienes.

Además, demandó que el catálogo de delitos que se pretende establecer en la Constitución se sustituya por la simple mención de “delitos” para que sea amplio y abarque cualquier tipo de ilícito.

Sin embargo, la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, argumentó que no se puede establecer la imprescriptibilidad en la extinción de dominio, porque los delitos por los que se puede proceder a ello, no son imprescriptibles y, por lo tanto, no hay congruencia jurídica.

Además, atentaría contra la seguridad jurídica de quien en el futuro compre de buena fe un bien que estuvo bajo este procedimiento y luego sea acusado injustamente.

No obstante, respecto a los bienes, el morenista Ricardo Ahued refirió que los delincuentes prácticamente nunca ponen bienes a su propio nombre y, por lo tanto, en general se acusa a personas que actúan como prestanombres. En ese sentido, puntualizó que se debe cuidar este aspecto.

En su oportunidad, el perredista Juan Zepeda propuso que el documento señale, además de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos para perfeccionar el tipo penal respecto al llamado “huachicol” y que se establezca también el encubrimiento por “receptación”.

Esto es, que quien reciba gasolinas robadas y sepa de esta condición, sea también acusado por encubrir a quienes cometieron originalmente el delito de robo de estas sustancias.

Además, apoyó el criterio de que se establezcan claramente los delitos por los que se puede proceder a la extinción de dominio, a fin de garantizar la seguridad jurídica.

Luego de una intensa discusión, en la que el PAN mantuvo la postura de que era mejor dejar el documento original de la Cámara de Diputados, en lugar de cambiarlo, se aprobó en lo general por unanimidad la modificación, para ser discutida en el pleno la próxima semana y devolverla así a San Lázaro.

Al término de la reunión, en entrevista, el senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se mostró satisfecho por haber sacado el dictamen por unanimidad, aunque persistan las discrepancias.

Confió en que en los próximos días, se logrará el consenso para sacar el documento con el mayor grado de unanimidad posible al devolverlo a la Cámara de origen.

A su vez, el panista Damián Zepeda, insistió que en estos términos, el documento no resuelve el problema. Tiene que ser ágil y aunque lo aprobado “trae un par de mejoras, no resolverá de fondo del problema”. /gh/m