Dolores Padierna, colaboradora: Los comicios para elegir gobernador en Puebla formaron parte de los expedientes conflictivos en las elecciones del 2018.

El 1° de julio se aplicaron una serie de trampas de todo tipo en esa entidad; se detectó un laboratorio en un hotel de la capital con papelería oficial, se ventilaron muchas denuncias por violencia en las casillas, se utilizaron en exceso los medios de comunicación para influir en los votantes, se documentó la parcialidad de las autoridades estatales electorales, en fin.

En Puebla se cometió un catálogo de las peores prácticas para ensuciar una elección a gobernador.

Todos esperábamos que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación limpiará la elección o la anulara después de un largo y complicado litigio postelectoral que incluyó el recuento total de las casillas; había una fuerte expectativa de que así ocurriera, de que se anularan los comicios del 1° de julio y se recuperará la credibilidad; esto no sucedió.

El Tribunal decidió desechar los alegatos sobre las violaciones a la cadena de custodia de los paquetes electorales, uno de los argumentos más fuertes del magistrado José Luis Vargas Valdés para anular los comicios.

También se pasaron por alto las constantes denuncias y testimonios de violencia en las casillas por considerar que esa violencia no fue determinante en el resultado final.

Puebla una vez más padecerá la misma red de intereses económicos, políticos y criminales que ha dominado en los últimos ocho años.

El resultado fue muy parejo para los dos participantes a las elecciones: la aspirante Martha Erika Alonso de la coalición formada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y del candidato Luis Miguel Barbosa Huerta de la coalición Morena, PT y Partido Encuentro Social.

Quedó de manifiesto que el poder del exgobernador Rafael Moreno Valle, esposo de la gobernadora electa, aún es capaz de doblegar al máximo árbitro electoral nacional. Duración 3’01’’, nbsg/m.