El Congreso abrió este viernes su nuevo periodo de sesiones con una agenda centrada en el debate de la creación de la Guardia Nacional y una reforma educativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya fuerza política tiene amplia mayoría parlamentaria.

La agenda para este periodo que terminará el próximo 30 de abril incluye además la iniciativa presidencial que elimina el fuero al presidente y a los legisladores, la revocación del mandato, la instalación de la consulta popular y una revisión de los delitos que requieren prisión preventiva.

La Guardia Nacional estará integrada por agentes de las policías militares de la Marina y la Federal, al mando de la Secretaría de Seguridad Pública, para reforzar la seguridad en el país, que en 2018 registró más de 33.000 homicidios.

Una primera versión del modelo de la Guardia Nacional fue aprobada por los Diputados en un periodo extraordinario en enero pasado, pero el Senado ha anticipado que hará ajustes al texto por lo que deberá ser revisado nuevamente en la Cámara de Diputados.

"Estamos muy pendientes de la Guardia Nacional", dijo el diputado Mario Delgado, coordinador parlamentario del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), primera mayoría en la Cámara de Diputados.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó con el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), ha ofrecido comportarse como una oposición responsable en el Congreso en los temas que sean en benefició del país, como la Guardia Nacional y los delitos que constituyen prisión preventiva.

El PRI "va a construir gobernabilidad para México, con dignidad y cada vez que tenga que ejercer su derecho a disentir lo hará", aseguró su coordinador parlamentario, René Juárez Cisneros.

El conservador Partido Acción Nacional (PAN), segunda fuerza parlamentaria en el Congreso, expresó su convicción de ser "la fuerza opositora de mayor construcción", en el Congreso mexicano, tras definir sus prioridades.

Su presidente, Marko Cortés, anunció que su grupo parlamentario del PAN presentará en compañía de otros grupos legislativos, una iniciativa de reforma educativa "innovadora e integral", para abonar a la discusión del tema.

Nada más asumir la presidencia, López Obrador declaró muerta la reforma educativa impulsada por Peña Nieto por considerar que tenía elementos punitivos para los maestros y en su lugar envió al Congreso una nueva iniciativa sobre la materia.

Al respecto, el Congreso ha adelantado que celebrará una serie de audiencias públicas entre el 6 y el 15 de febrero con especialistas, académicos, padres de familia, para enriquecer el análisis y la iniciativa que será presentada al pleno para su discusión y aprobación.

Por desahogar en este periodo se sesiones están también el tema de la consulta popular, un mecanismo que hasta ahora el Presidente López Obrador ha utilizado de manera no oficial para pedir opinión a sus seguidores sobre asuntos como la cancelación de la construcción del aeropuerto de Ciudad de México.

En el futuro inmediato, López Obrador ha dicho que hará una consulta popular para saber si los expresidentes mexicanos del periodo neoliberal (1988-2018) deben ser juzgados o no por haber dañado al país, además de probables actos de corrupción.

Se apruebe o no la iniciativa de revocación del mandato, López Obrador ha dicho que a la mitad de su mandato someterá a consulta popular la continuidad de su presidencia.

Uno de los asuntos que más discusiones anticipan será la iniciativa de ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, lo que supone una reforma al artículo 19 de la Constitución mexicana.

En esta gama de delitos que se pide sean considerados graves, con lo cual reciben prisión preventiva, es tan amplia como el robo al transporte, a casa habitación, de hidrocarburos, el feminicidio, además de casos de corrupción y delitos electorales. (La Crónica.com)