La laxitud de leyes y códigos penales en el país, que abren la puerta a delitos de alto impacto social, se podrá abatir inscribiendo en la Constitución la prisión preventiva oficiosa (PPO), a sabiendas “que será una medida excepcional, no la regla pues se acudirá a otras medidas cautelares con el propósito de impedir que huyan los delincuentes”, refirió la vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna.

La legisladora defendió el contenido de la minuta que contempla la reforma al artículo 19 de la Constitución, a la cual se le adicionarían nueve delitos. “El PPO será el último recurso que se usará y si no se requiere no se utilizará. Pero el Gobierno de México tiene una nueva estrategia de seguridad para proteger a la ciudadanía de la delincuencia, y requiere de todos los elementos de que pueda disponer para hacerlo en el menor tiempo posible. El abuso en el que se incurrió en gobiernos anteriores, ahora se respetará el principio de inocencia y la justicia.”

El Código Nacional de Procedimientos Penales establece las causas en las que procede la PPO. En su artículo 167 se enuncia que el Ministerio Publico puede pedir al Juez la PPO o el resguardo domiciliario para: que no huya el imputado; tener un poco de tiempo para desarrollar la investigación; para proteger a la Victima (que el delincuente no afecte más a la víctima); protección de testigos (que el delincuente no presione a testigos), cuando ya tiene antecedentes penales

La diputada Padierna Luna también refirió que el Juez de Control puede ordenar la PPO en los delitos inscritos en la Reforma de 2008 (delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, entre otros). Incluyéndose en el 2011 el delito de trata de personas.

“En las anteriores ocasiones no se hizo tal revuelo ni críticas. Ahora que el Presidente Andrés Manuel López Obrador solicita la inclusión de esos tres delitos, se nos viene una avalancha de críticas. La gente está urgiendo de seguridad. La preocupación que han esgrimido sobre qué se mantiene presos a inocentes, eso no está en los propósitos de nuestro gobierno ni de la Fiscalía General.

“No se inventará delitos a nadie, no se detendrá a ningún inocente. No habrá persecución por motivos que no sea acabar con la delincuencia”, repuso. (La Jornada.com)