El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, en voz de la diputada Adriana Dávila Fernández, presentó un proyecto de ley para facultar al Congreso a expedir leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de feminicidio, secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral.

En tribuna, la Diputada Federal Panista recordó que, en 2018, la Organización de Naciones Unidas, a través de ONU Mujeres, puso de manifiesto cifras alarmantes en las que se advierte que al menos 6 de cada 10 mujeres mexicanas han enfrentado un incidente de violencia.

Estimó que el 41.3 por ciento de las mujeres ha sido víctima de violencia sexual, “vemos en consecuencia que esa violencia en su forma más extrema, conocida como violencia feminicida, ha llegado a cobrar incluso la vida de nueve mujeres al día”, dijo.

“Esta es la Legislatura de la paridad. Ésta debería de ser la Legislatura en la que defendiéramos todas nosotras que no hubiera más violencia y mucho menos feminicidios”, afirmó.

La iniciativa que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: La ley general que expediría el Congreso deberá establecer las disposiciones generales, como son el objeto y fundamento de la ley; la supletoriedad; los conceptos para efectos de esa ley; las reglas para la prescripción o en su caso la imprescriptibilidad del delito de feminicidio

Los principios que deberá regir la investigación y proceso en el caso de este delito; las técnicas de investigación aplicables; las causas de suspensión del proceso y las reglas para el procedimiento abreviado; así como las modalidades de la reparación del daño integral

En otro apartado, la ley deberá establecer el tipo penal del delito de feminicidio; el bien o bienes jurídicos tutelados; su punibilidad y las agravantes; las reglas en caso de concurso de delitos, así como las de autoría y participación; los lineamientos especiales sobre la ejecución de sentencias; y la aplicación de medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. (Enfoque Noticias)